La segunda reunión de la denominada transición entre los delegados de Alfredo Cornejo y los ministros de Francisco Pérez, más el tesorero y el contador de la provincia, pareció discurrir con más calma y menos espectacularidad y ansiedad que la primera, que se cumplió la semana pasada, a pocas horas del resonante triunfo electoral de Cambia Mendoza sobre el oficialista Frente para a Victoria.
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Energía, petróleo y electricidad, otros temas duros de la transición
Que todo se haya desenvuelto en un clima de mayor tranquilidad, no quiere decir que no se hayan tocado temas de profunda sensibilidad fiscal, financiera y económica. Tan es así que una vez que se retiraron, los radicales Martín Kerchner y Enrique Vaquié, dejaron trascender que preocupa el nivel de endeudamiento de la provincia con sus proveedores, en especial el tramo de las deudas no registradas las que pueden ascender a los 4.500 millones de pesos, contra los 700 millones y algo más de lo que el gobierno reconoce como registrado y oficializado. El dato fino, los enviados de Cornejo lo tendrán para el nuevo gobernador más adelante, una vez que Kerchner y Vaquié se reúnan mano a mano con los proveedores reclamantes con los que elaborarán un mapa, quizás algo distinto al que tiene la gestión de Pérez.
Pero en medio de todo, el dato duro más significativo puede que haya sido el pedido radical sobre el estado general de las reservas petroleras que le hicieron al ministro Marcos Zandomeni, el titular de Energía. El funcionario de Pérez se comprometió a entregar, en encuentros sucesivos, el número mágico que esperan en el radicalismo y que se forma con la información que cada año entregan las petroleras que operan los pozos en la provincia.
El volumen real de las reservas petroleras y energéticas de la provincia puede que le sirva a la nueva administración, según se puede especular, como una carta de presentación a utilizar por la provincia en caso de que el nuevo gobierno tenga que salir si se lo permiten a los mercados internacionales a solicitar dinero para cubrir los compromisos del Estado, en función del déficit y pasivo que se llegue a transferir a la administración que arrancará el 10 de diciembre.
El otro aspecto central, que formó parte de la preocupación radical, tiene que ver con la situación del sistema energético y la olla presión que se pudo haber formado con el cuadro tarifario que vienen reclamando las concesionarias del servicio desde hace algún tiempo y que se encuentra más o menos controlado con la vigencia del contrato de convergencia que la provincia firmó con la nación y las empresas concesionarias, muchas de ellas cooperativas que brindan el servicio eléctrico en buena parte del territorio provincial.
El contrato de convergencia, en términos simples, garantizó, por los últimos cinco años al menos, que no hubiese saltos bruscos en el monto de la tarifa que paga el usuario del sistema eléctrico. Por ese acuerdo, la nación tuvo un papel clave al pagar la supuestas diferencias reclamadas por las empresas sin que se moviera el monto a pagar por los usuarios. Con ese dinero, las empresas se comprometieron a realizar obras de infraestructura para evitar el colapso.
Pero el punto más complejo en medio de toda esta situación atada a los subsidios nacionales, es el que existe con la principal distribuidora, Edemsa, la que tiene más del 70 por ciento del mercado. Edemsa reclama una actualización tarifaria de forma urgente porque tampoco recibió su cuota parte proveniente de la convergencia. Según fuentes oficiales del gobierno de Pérez, Edemsa no recibió esos recursos por una abultada deuda que tiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), la empresa nacional a la que los operadores deben comprar la energía. La situación de Edemsa es complicada y es en sí misma una bomba de tiempo, tal como están dadas las cosas y será un punto a resolver que heredará la administración de Cornejo.
A fin de año, el gobierno mendocino deberá definir cómo sigue la relación con las distribuidoras y, a la vez, negociar o no con el gobierno nacional que tendrá, como Mendoza, otra administración, si se sigue aplicando el mismo esquema de convergencia. De eso dependerá un ajuste en el valor de la tarifa que impacte de lleno en los consumidores.
En el gobierno mendocino sostienen que la nación debería prorrogar al menos por dos años más la actual relación antes de que comenzar a sincerar los números de todo el sistema. El gran tema energético y la voluminosa cantidad de millones de dólares que por año se destinan al sostenimiento del mismo vía subsidios es uno de los grandes temas que Daniel Scioli o Mauricio Macri, el que resulte electo nuevo presidente, deben atender de inmediato y en eso las provincias tienen mucho que aportar.