La Cámara de Senadores aprobó y sancionó con fuerza de ley las modificaciones a la ley de PASO para que el Estado financie una parte de las campañas electorales. Así, el conflicto entre el oficialismo y la oposición por sobre quién tenía que financiar la publicidad electoral llegó a su fin con consenso. Sólo el Frente de Izquierda votó en contra.
Así, mientras el último viernes Diputados aprobó los cambios acordados en el marco de la Suprema Corte de Justicia entre el PJ, el PD, la UCR, el PRO y el resto de los partidos (salvo la izquierda), hoy le tocó el turno al Senado. La sesión especial fue corta y no presentó demasiados problemas para la aprobación. 30 votos afirmativos, 1 negativo y 7 ausentes fue el saldo de la votación en la Cámara Alta.
De esta manera el Estado destinará el 6% del presupuesto para Publicidad y Propaganda a financiar las campañas políticas de este año 2015. Se trata de unos 27 millones de pesos en total, es decir, 13,5 millones de pesos para las PASO y un monto similar para las generales provinciales de junio.
Esos 27 millones sólo podrán ser utilizados para pagar espacios publicitarios audiovisuales (televisión y radio). La distribución se realizará de la siguiente manera: el 50% del total será repartido entre todos los partidos políticos que participen en forma igualitaria, mientras el otro 50% será destinado teniendo en cuenta el resultado electoral de los últimos comicios. Con ese panorama la UCR saldrá beneficiada, ya que obtuvo más del 55% de los votos en 2013.
Además, del total de dinero y espacio publicitario que reciba cada partido el 20% debe ser destinado a los distintos municipios.
Otro de los puntos fundamentales del acuerdo entre los partidos políticos que se ratificó hoy por ley tiene que ver con el financiamiento privado. Es que la sanción definitiva indica que cada espacio podrá gastar hasta 11 millones de pesos de procedencia privada en cartelería u otro tipo de publicidad no audiovisual. Este punto es el criticado por el Frente de Izquierda y el motivo por el que ese partido votó en contra.
De esta forma el financiamiento de las próximas elecciones provinciales será público y privado: el Estado pagará lo audiovisual, mientras que cada partido afrontará los gastos de campaña de otro tipo, hasta un monto máximo de 11 millones de pesos.
Ahora el siguiente del acuerdo es que el gobernador debe derogar el decreto 2075, el cual firmó el año pasado para negar el financiamiento estatal de las campañas electorales. Además, en las próximas 48 horas deberá reglamentar los cambios a la ley. Es que la campaña debe comenzar oficialmente el próximo jueves 19 de marzo, exactamente 30 días antes de las elecciones primarias.
video