La Cámara de Diputados realizará este viernes una sesión especial, desde las 13, para analizar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre los montos del financiamiento operativo y de las campañas políticas de las próximas elecciones provinciales.
Este proyecto, buscará modificar la Ley 8619, por la cual se instauran las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), para la selección de cargos provinciales y municipales.
La convocatoria fue solicitada por los diputados justicialistas Silvia Ramos, Luis Francisco y Alejandro Viadana; Daniel Cassia (FR), el radical Víctor Scattareggia, y el demócrata Rómulo Leonardi.
El expediente a tratar, señala que dicha ley, significó un importante avance en el sistema electoral de la Provincia de Mendoza. No obstante al momento de su aplicación han surgido inconvenientes vinculados a la instrumentación del sistema de financiamiento del Estado, específicamente con relación a la publicidad en vía pública y gráfica.
Es por la razón indicada que se mantiene la prohibición a las agrupaciones políticas de contratar publicidad audiovisual por televisión y radiodifusión en forma privada estableciendo la obligación del Estado de financiar dicho rubro, facultando a las agrupaciones políticas a contratar el resto de la publicidad electoral, añade el texto.
Durante la reunión conciliatoria entre el Gobierno, los partidos opositores y la Corte Suprema de Justicia, se llegó a un acuerdo que deberá ser ratificado en la Legislatura- sobre la disposición de un monto cercano a los 27 millones de pesos (13,5 para las PASO y el resto para las generales) de publicidad y propaganda para las campañas electorales.
Ese dinero estará destinado exclusivamente para los espacios audiovisuales (radio y televisión). El dinero que irá destinado a cada partido político será: un 50 por ciento en partes iguales y el restante de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones.
Asimismo, la propaganda en medios gráficos y cartelería pública será financiada por cada uno de los partidos políticos con un monto límite cercano a los 11 millones de pesos.
