Escándalo: denuncian más ingresos polémicos al Poder Judicial

Al Señor

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Dr. Pedro Llorente

S / D

De nuestra mayor consideración:

Ante trascendidos sobre graves irregularidades que habrían ocurrido en el ámbito y bajo la responsabilidad de la Sala Administrativa de la Suprema Corte, nos dirigimos a Usted para preguntarle:

¿Es cierto que en los últimos nueve meses ingresaron tres familiares directos de la Sra. Administradora General, Contadora Mónica González, algunos sin cumplir los requisitos reglamentarios correspondientes, accediendo a clases que varios trabajadores de la justicia no logran ocupar en toda su vida laboral?

¿Estamos frente a un caso de nepotismo, agravado por la violación del marco procedimental de ingreso, concurso y ascenso?

¿Es cierto que se mantuvo el ascenso del Sr. Martín Ahumada (de clase 21 a la 2), a pesar de ser absolutamente irregular y escandaloso; aun después de la denuncia pública presentada por esta Asociación Gremial, de la crítica de un importante número de periodistas y en claro detrimento de la carrera judicial?

¿Han habido hijos de altos funcionarios judiciales que no habiendo rendido el correspondiente examen de ingreso accedieron a la planta de personal administrativo?

¿Se ha transformado la Junta Electoral en un medio abreviado y privilegiado de acceder al Poder Judicial, a pesar de que el personal de dicho organismo debe cumplir los mismos requisitos de ingreso que cualquier trabajador del Poder Judicial, encontrándose dicho personal dentro del marco de representación de nuestra Asociación Gremial? ¿No debería ser la Honorable Junta Electoral uno de los espacios de mayor transparencia y justicia de esta democracia?

En otros años en los que se han realizado elecciones generales, trabajadores/as judiciales han sido entrenados para desarrollar tareas laborales en dicha Junta, ¿es cierto que este año trabajadores formados no fueron convocados a suplir las necesidades del servicio? ¿Es la Junta un camino de ingreso utilizado por algunos funcionarios del Poder Judicial para “acomodar” familiares y amigos, tergiversando la carrera y violando el régimen de ingreso?

Ante la falta de personal en el Poder Judicial ¿se da prioridad exclusiva de acceso a los ciudadanos que han rendido y aprobado el examen de ingreso y esperan un puesto de trabajo?

De ser ciertos estos rumores, habría situaciones irregulares que exigen una explicación urgente en este momento en el cual el Poder Judicial tiene serias restricciones presupuestarias, en el que se habría negado por razones económicas la implementación del régimen horario único para los trabajadores judiciales -especialmente los que cumplen tareas en las Oficinas Fiscales- y en el que se retrasa el ingreso de personal a los sectores más sensibles que deben garantizar justicia a la población, como el fuero de familia y el laboral.

Más allá de que hechos como los sospechados afectan el escalafón y los derechos de los trabajadores judiciales, tal como también lo hemos planteado en el ámbito paritario, la importancia y gravedad de estas cuestiones nos impulsan a ponerlas en conocimiento de la opinión pública y la ciudadanía de Mendoza.

Esperamos que del mismo modo se proceda por parte de las autoridades y de todos aquellos que estén en conocimiento o tengan pruebas de lo aquí expuesto. Ello será una importante contribución a una justicia transparente y fundamentalmente democrática.

En virtud de una respuesta pública a la ciudadanía de Mendoza, lo saludamos atentamente.