La batalla que se libra en la Suprema Corte de Justicia de la provincia entre el gobierno de Francisco Pérez y los partidos políticos por el financiamiento de las campañas electorales, no parece tener otra salida que la de una solución política, si es que el tema quiere ser resuelto antes del inicio del cronograma electoral.
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Las PASO y una indefectible salida política a su financiamiento
En su momento, todos los partidos políticos acudieron a la Corte reclamando que se declarase inconstitucional el decreto que firmó Pérez, por el que bloqueó la posibilidad para que, con fondos del presupuesto provincial, se costearan las campañas electorales para las elecciones provinciales.
Todo surgió tras un apurado tratamiento legislativo, previo acuerdo político, a fines del 2013, cuando la Legislatura sancionó la Ley de primarias provinciales, tal como sucede a nivel nacional. Se buscó, en su momento, responder a una demanda generalizada por avanzar en un sistema de mayor transparencia, claridad y por sobre todo en la democratización de los sistemas de selección de los candidatos de los partidos políticos, permitiéndole al ciudadanos común ordenarle el listado de los candidatos a los partidos y evitar los acuerdo de cúpula, entre cuatro paredes en donde tres, cuatro o cinco dirigentes, no más, decidían por la suerte de todos.
Pero a su vez, se copió otra parte de la ley nacional, no menos importante, y es la del financiamiento de esas campañas. Campañas que siempre estuvieron envueltas en la sospecha de que los grupos empresarios poderosos facilitaban el costeo de las campañas, siempre a cambio de prebendas, o privilegios surgidos del Estado cuando tal o cual candidato de determinado partido político llegaba al poder. Y cuando eso sucedía, los empresarios o los grupos que financiaron las campañas pasaban por ventanilla a cobrar con creces lo que aportaron de manera más que interesada.
Pero el Ejecutivo, cuando llegó el momento de reglamentar la ley para que se aplique en las inminentes elecciones, se encontró con un problema grave: la falta de recursos para financiar todas las campañas de todos los partidos políticos y la falta de facultades para ordenar u obligar a los medios electrónicos espacios propagandísticos de comunicación para que los candidatos pudieran expresar sus propuestas.
Se entiende la postura de la oposición, que presiona para que la ley se cumpla. Y se entiende bajo la sospecha de que el oficialismo evita aplicar la ley en el punto del financiamiento porque tiene el gobierno en sus manos, porque cuenta con los recursos de todos para mostrarse y hacer campaña y porque arranca, en ese sentido, con ventaja por sobre el resto de los partidos.
Y la resolución es política, como lo ha sugerido la Corte que ayer, al reunir a todos, les pidió que conformaran una comisión para que en ese ámbito resuelvan el entuerto. El PD marchó en punta al negarse a formar parte de ese espacio de negociación. No se sabe muy bien qué hará el resto de los partidos de la oposición. Pero sí parece estar claro que el tema será una de los caballitos de batalla en plena campaña electoral de los líderes opositores para limar las menguadas chances oficialistas. Aparecerán chicanas varias de un lado y de otro, pero cuando baje la espuma, quienes tengan la responsabilidad de gobernar la provincia y aquellos que estén al frente de los partidos, deben darse un debate mucho más serio que aquel que libraron a fines del 2013, porque de bravuconadas y demagogias está lleno el discurso político.