Dos empleados municipales que prestan servicio en el cuerpo de Preventores de Guaymallén denunciaron que un efectivo policial los golpeó y amenazó, y que cuando quisieron radicar la denuncia, la Oficina Fiscal 9 tuvo connivencia con los uniformados.
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Denuncian agresión policial contra Preventores de Guaymallén
La Campaña Contra la Violencia Institucional acusó a un efectivo. Dicen que hay connivencia judicial.
En este sentido, la Campaña Contra la Violencia Institucional intervino en el caso y un abogado tuvo acceso al expediente, por lo que días atrás, recién las víctimas pudieron contar lo que sucedió en el hecho, que ocurrió el 19 de diciembre del 2014.
Según las víctimas, Alejandro Sosa y Julieta Arancibia, ellos fueron abordados en la lateral del Acceso Este, a la altura de Arenales, cuando regresaban de hacer una tarea en el barrio Santa Ana.
Dijeron que fueron encerrados por un VW Bora, que luego los chocó en dos oportunidades, y de que su interior descendió un efectivo policial que golpeó brutalmente a Sosa. Luego, los amenazó luego de que los Preventores llamaran al 911 para comunicar el hecho.
De acuerdo a lo explicado por los denunciantes, el uniformado, identificado como Pedro Miguel Rodríguez Pastén, estaba alterado, loco, sacado mal, y cuando los Preventores llamaron al 911, este enfureció y les dijo: Mirá lo que me hiciste, yo soy policía, te voy a hundir.
Sin embargo, las agresiones denunciadas por los municipales no terminan allí. Según sus relatos, que fueron dados a conocer por la Campaña contra la Violencia Institucional, en la Oficina Fiscal fueron amenazados por otros efectivos y luego, las pericias ordenadas por los funcionarios judiciales no fueron las correctas.
Explicaron que los enviaron al forense de Godoy Cruz, y que luego la ayudante fiscal en turno obligó a Sosa a declarar, porque les iban a pintar los dedos. La mujer se negó y pidió tener un asesoramiento legal, pero la funcionaria le dijo que no podía ser, porque eso era un tema entre privados.
A partir de esto, el abogado Luciano Cruciani, quien patrocina a los denunciantes, trabaja en el tema para esclarecer los supuestos agravios por parte del uniformado, como así también del personal judicial.