La tragedia vial más grande de la historia de Mendoza cumple este sábado un año, y en medio de la angustia de todas las víctimas, ni la Justicia ni los organismos de control policial, pudieron encontrar una sanción efectiva para ninguno de los efectivos acusados de no haber cumplido sus tareas para evitar el accidente que dejó 16 muertos y decenas de heridos.
Es que si bien la Inspección General de Seguridad finalizó su investigación sumarial y sugirió no puede aplicar la pena- expulsar a 7 uniformados y suspender a otros 3, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad no pudo hace efectiva dichas sanciones, debido a los múltiples recursos que han presentado los abogados de los acusados.
Así las cosas, los 13 policías que fueron separados en su momento por irregularidades en sus tareas, como no recibir las denuncias previas del camionero que manejaba ebrio y en contramano por el Acceso Este, volvieron a trabajar normalmente.
Esto, porque en su momento el Ministerio de Seguridad dispuso el pase a pasiva de los uniformados, provocando que los policías fueran separados de su cargo por 120 días la pasiva no es una sanción-.
Pasado este tiempo, sólo se pidió una prórroga para algunos de ellos, pero aún así ese tiempo extra también se venció. Entonces, los 13 policías, con funciones en el Comando Radioeléctrico, Comisaría 25 y Vial, fueron reubicados y actualmente cumplen tareas como el resto de los uniformados de la fuerza.
Hay cuatro abogados que desde hace un año sólo trabajan en este tema. Y toda la Junta está pendiente de esto, pero los abogados presentan un recurso atrás de otro y el expediente va de un lado a otro, explicó María Laura Rodríguez, presidente de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad, el organismo encargado de aceptar o no lo que sugirió la IGS, y de esa forma aplicar la pena.
Por su parte, desde la IGS, Diego Arenas confirmó que el miércoles último se rechazó el último recurso presentado por uno de los acusados, y que, de no existir ninguna otra presentación, la Junta debería tomar una decisión.
¿Y la causa penal?
Paralelamente a esto, el fiscal especial Santiago Garay instruye el expediente que tiene a seis imputados por omisión de los deberes de oficio, aunque esa causa sólo podría terminar con multas económicas, según lo que establece el Código Penal.
En tanto que el expediente que sigue el accidente en sí, no tendrá culpables, pues el principal acusado, el chofer del camión que iba en contramano, murió en el siniestro.
El día del hecho
El accidente ocurrió a las 17.30 del viernes 7 de febrero del 2014, en la ruta 7, a la altura del autódromo Ángel Pena, en San Martín.
Fue en la mano que viene hacia Mendoza, por donde circulaba un colectivo de la empresa Mercobus, que había salido de Córdoba y tenía como destino final la Terminal del Sol.
Sin embargo, el transporte chocó de frente con un camión que venía en contramano y 130 kilómetros por hora. Ambos vehículos se incendiaron y algunas de las víctimas murieron carbonizadas.
Lo cierto es que, horas antes, el conductor de ese rodado había protagonizado un incidente vial en Villa Nueva, pero la denuncia de esto no fue recibida por los policías de la Comisaría 25. Como así tampoco se tomaron en cuenta las llamadas al 911 advirtiendo la conducta del camionero.
Los peritajes arrojaron que el cuerpo del acusado no tenía drogas, aunque sí alcohol. No obstante su conducta siempre será una incógnita para los investigadores. Mientras que las investigaciones sumariales y judiciales, por ahora, convencen a muy pocos.