Pocos días de su trágica muerte, el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia penal acusando a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Tímerman y a otros presuntos funcionarios de un delito de encubrimiento y otro de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Sostenía que la Presidenta y el canciller habían ideado un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en la causa AMIA "con el objeto de permitirles eludir la investigación y facilitar que se sustraigan a la acción de la justicia argentina".
Al haberse dado a publicidad el texto de su denuncia, parece conveniente hacer una evaluación jurídica sobre la consistencia de esa acusación.
Antes de entrar en su estudio, se deben hacer un par de precisiones que permitan situar correctamente el propósito de este análisis. En primer lugar, se trata del estudio provisional de un texto que no puede sustituir la visión más completa que tendrá que hacer un juez en un futuro, quien eventualmente podría contar con nuevos o más significativos elementos de juicio.
En segundo lugar, en un análisis de esta naturaleza, el periodista debe adoptar la misma posición que adoptaría un juez en el estudio de un caso o un científico cuando falsea sus hipótesis. Debe alejarse de todo prejuicio, debe dejar sus preferencias de lado y no hacer concesiones a lo "políticamente correcto", para conseguir que su descripción sea lo más objetiva posible.
En una primera lectura, lo que dice Nisman impresiona por su contundencia argumental. Se trata de un texto bien armado, con numerosas citas de opiniones de periodistas y especialistas que han abordado esta materia y que deja al desnudo la inexplicable política exterior argentina, sus enormes contradicciones y el fracaso final que tuvo el esperpéntico Memorando de Entendimiento firmado con la República de Irán. Sin embargo, al tratarse de una denuncia penal, se debe exigir algo más: la descripción del accionar delictivo y el valor de las pruebas que avalan estas deducciones. Es allí donde el escrito no resulta convincente, puesto que traslada al plano penal lo que son cuestionamientos políticos derivados de los enredos diplomáticos en que incurrió el canciller Timerman. La hipótesis de que existió en el Gobierno un deseo de regularizar las relaciones diplomáticas con Irán y buscar una salida a un conflicto jurídico que trababa esa posibilidad, ha sido proclamada por los propios autores de estas iniciativas, de modo que allí no hay dudas.
Pero determinar si esto conllevaba el propósito de "destrabar" la investigación judicial -tesis del Gobierno- o era un modo de conseguir "impunidad" para sus autores -tesis del fiscal- queda más en el terreno de las elucubraciones políticas que en el judicial. La primera dificultad de orden lógico que tiene la tesis del fiscal Nisman es que para acusar de encubrimiento primero hay que saber fehacientemente si ha habido delito y quienes fueron sus autores. En relación con el caso AMIA, si bien es obvio que ha habido delito, resulta más difícil determinar la autoría. Solo hay una larga investigación en curso -en la que se tomaron varias pistas que luego resultaron ser falsas- y que apunta a unos imputados que no han declarado y que están amparados por la presunción de inocencia. Por otra parte, las evidencias acumuladas en la causa AMIA -básicamente comunicaciones suministradas por servicios de información extranjeros- son tan frágiles que cuando se detuvo en Londres a uno de los sospechosos en cumplimiento de la orden internacional de captura, la justicia británica ordenó su libertad al evaluar la falta de rigor de las pruebas enviadas por la justicia argentina. Nisman trabajó bajo el convencimiento de que los autores habían sido los iraníes acusados pero, analizando el estado de la causa con rigor, no se puede aceptar ese presupuesto.
Otra de las vigas maestras que sustentan la acusación de Nisman está referida a la cuestión de las "alertas rojas". Sostiene el fiscal que el Memorando de Entendimiento "fue la excusa que esgrimieron las partes para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas". Más adelante agrega que Timerman no cumplió con lo pactado con los iraníes "no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió". Añade que el canciller "volvió a la carga en septiembre y noviembre de 2013 con claras intenciones de convencer a Roland Noble (secretario de Interpol en aquel momento) para que autorice el cese de las notificaciones rojas pero, por fortuna tampoco pudo lograr su cometido".
Estas afirmaciones quedaron rotundamente desvirtuadas con la comunicación que el propio Roland Noble envió a la Cancillería y que Timerman leyó el viernes 16 de enero. Allí, Noble afirma lo siguiente: "En cada ocasión que usted y yo hablamos o nos vimos, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes." Estas afirmaciones se veían reforzadas por la carta de 15 de febrero de 2013, cuyo facsímil Timerman adelantó a Página/12, en la que el canciller menciona que cualquier cambio en las capturas internacionales solo podía ser decidido por el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, de modo que la forma del memorándum no producía cambios en el "estatus de los requerimientos".
La intervención de Roland Noble no quedó allí. Al día siguiente, domingo 18 de enero, Página/12 publicó una entrevista que había mantenido con el ex secretario de Interpol en la que afirma: "Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes".
Y luego añadía, en tono admonitorio hacia Nisman: "En los últimos dos días me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas que se atribuyen a la denuncia del señor Nisman, a quien conozco. Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí".
Es muy probable que las palabras de su amigo o conocido Noble afectaran el ánimo del fiscal Nisman. Los partidarios de la tesis del suicidio pueden encontrar aquí una explicación bastante convincente de que fue lo que lo llevó a tomar una determinación tan extrema. Nisman no solo perdía el principal argumento de su acusación, sino que también era puesto en ridículo por uno de los jefes del espionaje norteamericano, con los que le unían una estrecha amistad, como ha quedado demostrado con la develación de algunos Wikileeks. Habría que revisar la memoria cache de la notebook del fiscal para confirmar si esa mañana del domingo accedió a la información que brindaba Página/12.
Hay otras circunstancias que aderezan la acusación de Nisman, como la supuesta intención de construir una nueva pista falsa, similar al intento que se le atribuye a Menem durante su gobierno y que está pendiente de juicio. Pero, parece poco convincente apoyarse en la captura de una conversación telefónica entre dos personas -Esteche y Khalil- que no aportan ninguna otra información relevante. Cabe añadir que toda la prueba aportada en el escrito consiste en la captura de conversaciones a distintos teléfonos de Khalil. Pero la fragilidad de esta prueba se demuestra cuando en uno de los diálogos recogidos los interlocutores se jactan de conocer que sus teléfonos están intervenidos.
Cabe añadir aquí que la solidez de la denuncia de Nisman fue puesta en duda por Carlos Pagni en la nota que publicó el diario La Nación el domingo 18, escrita cuando aún no se conocía la muerte del fiscal. Allí, Pagni opina que "es curioso que Nisman no haya consultado a Noble antes de redactar su escrito. Y que tampoco haya coordinado su posición con Canicoba Corral, el juez del caso". Se pregunta a continuación: "¿Por qué Nisman llega al Congreso en una posición tan vulnerable?". Y agrega que "la respuesta a estas incógnitas es que en los últimos quince años el verdadero administrador de la causa AMIA ha sido Stiusso a quien Cristina Kirchner ha jubilado" y que "desempeñó ese rol porque se lo asignaron los Kirchner".
La sensación que queda luego de conocer el grado de involucramiento de los servicios de inteligencia en la investigación judicial de la causa AMIA y el desconcierto que produce la extraña muerte de Nisman, nos sitúa ante un cuadro obsceno. Como acaba de reconocer un periodista tan vinculado al gobierno como Horacio Verbitsky -edición del 21 de enero de Página/12- "la denuncia de Nisman y su muerte dudosa son parte de esa confluencia de desidia e intereses que dejó impune el más grave atentado de la historia argentina. Este es el momento exacto para ponerle una bisagra a esa tradición, cumplir con lo prometido a las víctimas y asegurar que lo pasado no pueda repetirse, ni en ésta ni en otras causas".