Los mendocinos amanecimos por poco escandalizados ayer luego de que nos enteráramos que el radicalismo logró imponer su número en la Cámara de Diputados para darle media sanción a un presupuesto que no ha tenido nada que ver con el que propuso el gobierno de Francisco Pérez para su último año de gestión.
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Una mala ley de PASO, el origen de todo el escándalo
La sorpresa y el tono de tragedia que le dio el oficialismo a la situación abonó el clima de que algo raro y grave estaba sucediendo con la institucionalidad de Mendoza, siempre tan prudente y lejos de los desaguisados que se vienen observando en otras provincias y, en especial en el Parlamento nacional en donde es el Frente para la Victoria el que ha venido haciendo uso y abuso y sacando largo provecho de la relación mayoritaria y el dominio casi absoluto con el que cuenta tanto en Diputados como en el Senado.
Pero en verdad, hay que decirlo, no es ni tanto ni tan poco. Ni ha peligrado la provincia porque el radicalismo haya echado por tierra el plan de gastos del gobierno de Pérez en Diputados, ni tampoco es como dicen los propios opositores en el sentido de que no ha pasado nada como para ponerse tan loco y crispar los ánimos políticos hasta casi el extremo como sucedió en la jornada de ayer en donde Pérez y Alfredo Cornejo se dijeron de todo por los medios. Uno tratando de golpista e irresponsable al otro; y el otro de ineficiente e inconsciente al primero.
El Senado, la semana próxima, cuando se reúna para abordar estos proyectos que vienen de Diputados al del presupuesto hay que agregar los de impositiva y avalúo que también lograron una media sanción forzada por el radicalismo intentará poner las cosas en su lugar para que el diálogo político en la provincia vuelva a conducirse por carriles normales y desapasionados peligrosamente.
Lo que preocupa, y sin dudas que emerge como lo más inquietante de todo, es la ley de PASO que sancionó la legislatura el año pasado y que debe ponerse en vigencia en el 2015 para cuando los mendocinos acudamos a las urnas a votar por nuestros concejales, intendentes, legisladores provinciales y, por supuesto, al nuevo gobernador.
Lo que tiene que poner los pelos de punta a la clase política mendocina e inquietarse seriamente de lo que es capaz de hacer cuando no se analizan los temas a fondo ni se proyectan las consecuencias que una ley mal confeccionada pueda causar, es precisamente discutir en qué estaban pensando cuando peronistas, radicales y otras fuerzas políticas acordaron darle a Mendoza una ley de primarias (las PASO) sin tener en cuenta las propias facultades de la provincia, como Estado, para financiar y distribuir las pautas propagandísticas entre todos los candidatos que se presenten, como ocurre a nivel nacional.
Pérez, al cuestionar a Cornejo por lo que sus legisladores fueron capaces de hacer en la madrugada del martes cuando sancionaron el presupuesto y las dos leyes complementarias, maldijo el financiamiento de las primarias al calificar el método como aberrante, aventurando, incluso, que no existe ningún Estado del mundo que le solvente las campañas políticas a los candidatos en una elección.
Hay mucho para decir en este punto, pero para no dispersar la atención de lo verdaderamente importante, lo primero que se puede mencionar es que la Legislatura no tuvo en cuenta lo que se le vendría encima a la política en general cuando le dio fuerza de ley al mandato de que las campañas primarias de los partidos políticos, las PASO, serían solventadas por el Presupuesto provincial, copiando y copiando mal el modelo de las PASO nacionales en donde es el Estado nacional quien financia las campañas de los candidatos nacionales repartiendo espacios equitativamente en los medios electrónicos cuyas frecuencias son propiedad de la nación. Esto es, el Ministerio del Interior diagrama un plan de difusión de todas las propuestas electorales en todas las radios y estaciones de televisión en todo el país y lo hace porque tiene la facultad de hacerlo porque las radio frecuencias son de su propiedad.
La provincia, en cambio, no tiene injerencia en esas frecuencias, ni mucho menos en la publicidad callejera, ni en los diarios, con lo que debería contratar la propia provincia esos espacios y repartirlos entre todos los candidatos, con lo que aparecen de inmediato los problemas. Uno es el financiamiento, pero no el más importante, sino el criterio que utilizaría para distribuir espacios entre todos los candidatos a gobernadores, legisladores, intendentes y concejales que tendremos el año que viene. Qué circuito le otorgaría a cada una de las opciones, con qué argumentos y con qué razón suficiente como para hacer todo el sistema equitativo y equilibrado.
Fue, entonces, el financiamiento de las PASO lo que ha encarajinado al límite la discusión política en Mendoza. Porque cuando Pérez se topó con que tenía que reglamentar una ley, la de las PASO, para que la norma debutase en las próximas elecciones, se encontró de frente con las dificultades mencionadas más arriba. Y por eso se negó a hacerlo y por eso es que elaboró un decreto dejando sin efecto esa parte de las PASO, la del financiamiento, que los radicales con mucha picardía y astucia decidieron enfrentar, haciendo público un incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de una ley que es realmente buena en lo filosófico, pero de imposible cumplimiento en la práctica si no se le hacen modificaciones de fondo.