La difusión de datos vinculados con la pobreza en el país ha sido, por siempre, un tema que ha sacado de equilibrio a los gobiernos argentinos. Su avance o su crecimiento, cuando se han tenido datos más o menos confiables, ha obligado a los funcionarios públicos a dar explicaciones y a describir qué medidas ha tenido en mente para frenar el flagelo de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de inclusión y del desánimo. Hasta que llegó una administración, la actual, que decidió borrar de un plumazo toda información oficial sobre ese índice tan temido, entre otros tantos.
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Pobreza, relato y conspiraciones
Cuarenta y ocho horas atrás, los ex técnicos del INDEC que fueron desplazados del organismo desde que el kirchnerismo intervino las estadísticas oficiales en épocas de Guillermo Moreno, difundieron un informe por el cual la pobreza en la Argentina ha superado ya el 25 por ciento de la población, lo que hace un total de más de 9,7 millones de argentinos en esa situación y un 5,5 por ciento de indigentes, es decir más de 2 millones de personas a quienes sus recursos no les alcanzan ni siquiera para alimentarse.
La réplica oficial no tardó en llegar. Ayer, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el funcionario de Cristina encargado de desmentir cada día cualquier información o acusación que se cierne sobre el gobierno nacional, cargó contra el informe de los ex técnicos como habitualmente lo hace contra el dato de inflación de las consultoras privadas que mes tras mes difunden los legisladores opositores en el Congreso nacional.
Por supuesto que la única respuesta al dato fue tildarlo de una maniobra opositora para mellar la administración de Cristina, se trata de una estrategia de oposición política, dijo Capitanich, habló de manipulaciones y de datos e índice inventados sistemáticamente sin metodología sustentable.
No hubo en Capitanich ni siquiera una réplica técnica a esos datos, ni tan siquiera un número oficial sobre el nivel de pobreza en la Argentina que pudiese haber echado un manto de sospecha al difundido por quienes hasta hace unos años se encargaban de llevar adelante todo el sistema de estadísticas oficiales del Estado.
El último parte sobre pobreza e indigencia publicado por el INDEC corresponde al primer semestre de 2013. Según ese informe, en la primera mitad del año pasado el 3,7 por ciento de los hogares y 4,7 por ciento de las personas de los aglomerados urbanos eran pobres, mientras que la indigencia afectaba al 1,5 por ciento de los hogares y al 1,4 por ciento de las personas.
Ese resultó el último dato oficial y público que defendió el gobierno de Cristina Fernández que optó por ocultar y manipular los números estadísticos ante el fracaso en gran medida detrás del objetivo de derrotar la desigualdad, tema central en el que ha basado gran parte de su discurso al defender lo hecho en la mencionada década ganada.