Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA), en su conferencia anual, se ha pasado varias horas discutiendo sobre los graves problemas macroeconómicos y estructurales que afectan a la economía del país, como la inflación, el proceso de recesión en el que muchos ya creen que se ha entrado, el cepo, el tipo de cambio y la baja competitividad que hace perder mercados que costaron mucho tiempo conseguir, en Mendoza, los viticultores y pequeños bodegueros, se debaten en medio de una situación desesperante, dominada por la voluntad de cuatro o cinco grandes del sector que han vuelto a poner sobre la superficie, y a la vista de todos, las viejas prácticas monopólicas, en algunos casos y cartelizadas en otras, como hacía mucho tiempo no se veía en el sector y que el modelo kirchnerista no pudo doblegar ni hacer desaparecer, pese a lo que siempre prometió, al menos desde el ya típico discurso de barricada, encendido y cargado de advertencias y amenazas.
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El vino se hace agua y el modelo fenece
Para colmo de males, las políticas domésticas que se tomaron a comienzo del año, como un pronóstico de cosecha erróneo y el acuerdo con San Juan sobre el porcentaje de uvas destinadas a la elaboración de mostos que resultó demasiado exiguo, tornaron la situación en dramática, al decir de los dichos de los viñateros y pequeños productores: un excedente vínico histórico de unos diez meses, que ha hecho caer los precios al punto de no permitir la recuperación, siquiera, de la inversión que se ha hecho.
La complejidad del problema de la industria madre de los mendocinos, la oronda vitivinicultura, se agrava con los primeros indicios de degradación de algunos de los espacios que nacieron algunos años atrás para romper con la nociva influencia de los cuatro o cinco grandes de siempre, como es el caso de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la que se marcó como objetivo democratizar el negocio de la industria, o por lo menos, hacerlo más equitativo para que de una vez por todas la renta grosa del sector no quedase siempre en las mismas manos.
La COVIAR, dominada ahora por los grandes, no está representando a los más chicos. De eso se trata. Porque son los chicos los que han develado la anomalía de esa organización que no está respondiendo a la altura de lo que los pequeños esperan. Muchos de ellos, de los chicos, fueron conducidos hacia la reconversión y la integración por parte de la COVIAR detrás de la promesa de que su situación mejoraría de manera notable. Pero no ha sido posible.
Mendoza sigue siendo minifundista. Los mantos cultivados, los oasis productivos, siguen siendo dominados por productores que en promedio cuentan con no más de 12 o 15 hectáreas de viñedos. Para ellos, que viven de la uva que cosechan y deben vender siempre en el mismo lado, los costos no cierran y los montos que les pagan por su producción son prorrateados por los grandes compradores, bodegueros que vinifican, en cuotas repartidas entre diez y once meses que comienzan a ser pagadas luego de la entrega del producto, en marzo o abril.
A esta altura del año tampoco, los productores, pequeños y medianos, tienen la remota idea del valor que tendrá el quintal, generalmente fijado por los grandes que acuerdan un precio siempre siguiendo las reglas del mercado.
Incluso aquellos dirigentes que comulgan a rajatablas con el modelo kirchnerista de los últimos diez años, sostienen que hay que hacer correcciones porque la situación es extremadamente crítica.
Es el caso de Sergio Mastrapascqua, el delegado regional de la Confederación General Económica (CGE). Mastrapascqua es un empedernido soldado K. Tanto que no sabe si Scioli, por caso, el gobernador bonaerense, sea el garante del modelo que tanto defiende de cara a las elecciones del 2015. Por supuesto que dice que ningún referente de la oposición, como Massa, Macri, Binner, Sanz, Cobos y el resto puede dar respuestas a la complejidad del momento.
Pero Mastrapascqua es uno de los que está reclamando correcciones que el gobierno de Cristina Fernández, por el momento, no está dispuesto a conceder. Como una profunda reforma impositiva y un cambio en la política fiscal, de la nación y de la provincia.
Quizás no sea el momento de ir por estos cambios, dice el dirigente de la CGE cuando se le observa que la propia presidenta de la nación es quien impide la reforma tributaria porque el actual esquema es el que le garantiza a su gobierno un piso de recaudación que sostiene el actual modelo de distribución que se utiliza de manera cuasi discrecional. Pero debe ser en el 2015, agrega Mastrapascqua.
La conclusión es que lo hecho hasta ahora, a modo de correctivos, si cuando menos no fueron suficientes o no dieron resultados, como mínimo no resolvieron la situación que se daba en los 90, por caso, o en los 80, en el sector vitivinícola. Lo que obliga a ser más firmes en la toma de decisiones políticas para redireccionar el rumbo y para evitar, sobretodo, que siga saliendo plata de un Estado que ya no la tiene, ni las tiene todas consigo, para salir al rescate de cientos de pequeños productores.