El proyecto Argentina Digital, por el que el gobierno pretende declarar de interés público a las telecomunicaciones y garantizar el acceso a internet, telefonía fija y celular y televisión por cable, ya abrió grietas en el propio oficialismo y amenaza con dividirlo por las ventajas que se les daría, gratuitamente, a las telefónicas que operan en el país.
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Argentina Digital, ¿un premio a las telefónicas?
La oposición viene advirtiendo que el avance del proyecto tal como ha sido redactado será nocivo en términos generales, porque detrás del objetivo de hacer más democrático y accesible estos servicios, se terminará beneficiando a las poderosas telefónicas, tanto Telefónica de España como Telecom, compañías a las que se ha apuntado por sus pésimos servicios en las zonas que sirven, por la falta de competencia que las obligue a prestarle más atención a sus clientes y por la nula inversión en términos reales que hubiese cambiado la historia de las comunicaciones en el país.
Que la oposición cuestione y rechace la iniciativa oficial no sorprende a nadie. Pero sí cuando las críticas aparecen desde el seno del oficialismo. Ayer, mientras el proyecto se debatía en la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que preside la senadora kirchnerista Liliana Fellner (FPV-Jujuy), fue notable la posición del jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, quien sorprendió con una dura crítica a la empresa Telefónica, a la que acusó de representar al "capitalismo colonial español" y "no invertir ni un solo peso. Me parece que hay que lograr ver si podemos tener alguna norma que pueda ayudar en el espacio intermedio del acceso a la tecnología para todos, para los que no son iguales a las grandes estructuras telefónicas que son las que dominan", pidió Pichetto a Julio De Vido, a Jorge Capitanich y al secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, quienes acudieron a la comisión del Senado a defender el proyecto.
A esta altura del debate, que recién empieza, la intención del Ejecutivo parece estar clara: perseguir a uno de los operadores de cable más poderosos del país, el propio grupo Clarín a quien el gobierno enfrenta como si de una guerra santa se tratase. Pero ese fin, en el fondo, terminaría generando más perjuicios que los que hoy se quiere contrarrestar.
Cientos de operadores del interior, pequeños y medianos, quedarían en peligro ante el avance de las poderosas telefónicas que se verían beneficiadas con Argentina Digital, obteniendo ahora, lo que no lograron cuando arrancó el debate de la Ley de Medios, en el 2009. Esa ley, archidiscutida y cuestionada por los grandes grupos audiovisuales del país, no les permitió a las telefónicas que incursionaran en el negocio televisivo, como ocurriría ahora con el nuevo proyecto, el que tendría que modificar la propia Ley de Medios.
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