Ahora el ajuste del boleto, el terror de los gobiernos

Para todo gobierno una suba en la tarifa del transporte es la decisión más sensible de las que pueda llegar a tomar a lo largo de su mandato. Porque el impacto de algunos centavos va directo al bolsillo esquilmado de los que menos tienen, de los más vulnerables y da de lleno en el universo que, el actual gobierno peronista de Francisco Pérez asegura, afirma y sostiene constituye el centro medular de todas sus políticas públicas.

El transporte público de pasajeros ha sido la piedra en el zapato para no una, sino todas las administraciones de gobierno las que nunca le encontraron la vuelta para alumbrar un sistema justo y por sobre todas las cosas de calidad para todos. Hubo gobiernos que decidieron a favor de los empresarios y hubo, también, los que a lo largo de su gestión no autorizaron un céntimo de aumento mientras el servicio se caía a pedazos.

Los últimos diez años fueron oscilantes: se decidió por un lado pagarles a las empresas por kilómetro recorrido sin importar la cantidad de pasajeros transportados y se incrementaron los subsidios a la oferta como nunca antes había sucedido. Como resultado de tales movidas, el servicio pareció mejorar, porque los usuarios vieron que los colectivos comenzaron a circular más que antes gracias a un método que sirvió para estimular a los empresarios porque mientras más kilómetros recorrían, más cobraban.

Pero el balance, a lo largo de casi una década, dejó al descubierto que las mejoras de los primeros años con el tiempo fueron poco sustanciosas: hoy tenemos un servicio descompensado que se concentra en las zonas más rentables, mientras que en otras, con menos densidad el propio gobierno evitó autorizarles a las empresas más frecuencias porque el financiamiento del sistema ha hecho agua: no hay plata que alcance para sostener un modelo basado en el pago por kilómetros recorridos en vez de pasajeros transportados, fuertemente subsidiado donde es el Estado el que paga la mayor parte de los sueldos de los choferes y hasta el gasoil que consumen las unidades. Así y todo, las empresas dicen estar quebradas si siguen funcionando sin un nuevo aumento tarifario antes de que termine el año.

Por cada 10 pesos que cuesta sacar un colectivo a la calle, 6 pesos son aportados por el Estado. El 60 por ciento del modelo actual es financiado por recursos que llegan desde la Nación por medio del denominado Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) consistente en el envío de una suma de dinero mensual a las empresas según el volumen de cada una de ellas, la cantidad de unidades, la antigüedad de las mismas, la cantidad de pasajeros transportados y hasta el gasoil que consumen.

Pero además, las empresas reciben plata del llamado Fondo de Compensación Tarifaria, con recursos de la provincia que vienen a compensarle a las empresas otros desfasajes producidos por los impuestos que tienen que pagarle a la nación y a la provincia.

Todo este festival de subsidios les permite a las empresas, además de mantener las unidades en funcionamiento y de modelos medianamente nuevos, hacer frente a los sueldos de sus empleados, los choferes, cuyos sueldos son afrontados por el Estado hasta casi en un 80 por ciento de cada bono de sueldo de acuerdo a informaciones no oficializadas por el gobierno. Con lo que, se impone, desde ya, un barajar y dar de nuevo para evitar que este servicio esencial siga obligando a drenar cada vez más sumas multimillonarias para sostenerlo.

El año que viene vencen las actuales concesiones y también debería revisarse si lo que se decidió diez años atrás acaso no es necesario ya darle una nueva vuelta de tuerca. Quizás una de las salidas debiese ser direccionar los subsidios a la demanda, esto es a los usuarios de manera directa y no a los empresarios como es en la actualidad. Quizás se debiese avanzar en un sistema mixto. O quizás, lo mejor sería darle transparencia total al sistema para que sea el Estado el que termine administrándolo, lo que puede ser un disparate, pero a la luz de lo que les cuesta a los mendocinos mantener el sistema, por lo menos debiese analizarse en profundidad ese punto.

Ni hablar del nuevo diseño de recorridos que necesita ser actualizado de manera urgente, porque el actual ya no responde al crecimiento que evidenció Mendoza, hacia diferentes zonas que diez o quince años atrás ni siquiera fueron tenidas en cuenta.

Está bueno discutir la tarifa, desde ya y estudiar a fondo por qué los empresarios dicen estar quebrados y que los fondos que recaudan no les alcanza para el sostenimiento de las unidades que tienen en la calle. Pero mucho mejor sería rediscutir todo junto de nuevo, incluso el sistema de costos de las mismas empresas, sus obligaciones y sus inversiones.