Durante casi tres años, los investigadores pretendieron sostener la hipótesis de que el ecologista Carlos Alberto Castello (62) se había suicidado en octubre de 2008, en la ciudad bonaerense de Lobos. Pero la persistencia de los familiares de la víctima y el peso de algunas pruebas provocaron un giro en el caso: ahora la Justicia puso la lupa sobre cuatro policías, sospechados de encubrir el crimen y de manipular pericias.
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Investigan a cuatro policías por la muerte de un ecologista
Ocurrió cuando la víctima se oponía al cobro de peaje. Creen que los uniformados estaban combinados con quienes controlaban ese paso y que habrían hecho pasar el homicidio como un suicidio.
Hasta que la Fiscalía General de La Plata decidió remitir la causa a Ana Medina. El misterio que rodeaba el caso de la muerte del ecologista Carlos Castello se ampliaba por la falta de un móvil claro. Sin embargo, un elemento conocido hace un tiempo parece reforzar la teoría del asesinato: Medina logró incorporar una pericia que determinó que la bala hallada cerca del cadáver no tenía restos de sangre.
Era una prueba de la Policía Científica realizada en noviembre de 2008, que sin embargo nunca fue admitida por la fiscalía que inició el proceso, a cargo de Patricia Hortel. Se sospecha que esa bala fue plantada. Los muebles y las puertas de la habitación donde murió Castello estaban perfectamente limpias. No se pudieron levantar huellas.
La sospecha de los investigadores es que alguien limpió la escena. El arma secuestrada cerca del cuerpo tenía numeración limada, aunque el ambientalista había registrado su revólver en el RENAR.
La única controversia que registraba la vida de este ecologista era su tarea comunitaria para evitar la clausura de una calle de acceso gratuito de navegantes a la laguna de Lobos. Esa vía era reclamada por el Club de Pesca.
Y tenía un aval de la municipalidad. Según fuentes del caso, Castello se oponía a la privatización de esa calle en la que se cobraba peaje a pescadores que querían bajar a la laguna.
La posibilidad de un robo también se pensó como opción, aunque la Justicia no profundizó esa línea. Castello tenía ahorros que desaparecieron luego de su muerte.
Sin embargo, fuentes del caso creen que el móvil del crimen habría sido que los policías estaban arreglados con el control de la calle que la víctima quería reabrir.
El hermano de Castello, un veterinario que vive en Capital, ya no tiene dudas: Esto fue un asesinato. El veterinario pidió al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que aparte a los policías mencionados por la
Justicia para garantizar transparencia en la investigación. Los policías siguen en actividad. La persistencia del hermano logró un primer paso: ahora la carátula del expediente lleva el título de homicidio para que la investigación pueda reconstruir la verdad de lo ocurrido ese domingo de octubre de 2008.
Fuente: 911 online
