Prepotentes, destituyentes y desestabilizadores

El país sufrió de todo en los últimos años. Además de partirse en dos por ese confuso y precario principio de que la democracia se fortalece destruyendo el disenso cuando se está en el poder en vez de salir a buscar puntos de apoyo y coincidencias en torno a las dificultades que aparecieron aquí y allá.

En la Argentina de los últimos años se afianzó más que nunca la premisa del que “no llora no mama”, paralelamente a la doctrina que hizo fuerte el gobierno de dividir entre los acólitos y los críticos; a los primeros los premió siempre cuando quiso, porque nunca estableció ni siquiera para este grupo reglas más o menos claras y definidas que les garantizara recibir lo que creyeron les correspondía por avalar un modelo, una forma y estilo de gobernar y una línea ideológica.

A los segundos directamente los echó de los confines de su reino, condenándolos a vivir con lo puesto porque en el mundo de buenos y malos que extendieron hasta donde pudo, el postulado les indicó siempre que el que no piensa como está establecido merece ser tildado de traidor a la patria, desestabilizador y destituyente.

También, el grupo gobernante, dejó desarrollar una tercera categoría, la de los patoteros y prepotentes la que no necesariamente tuvo como consigna la de comulgar sí o sí con el sistema tan particular de todo lo establecido. En esta última clase se podrían enumerar a los que desoyendo todo tipo de obligaciones que les pudiera caber, avasallaron contra los derechos de quienes se le pusieran en su camino.

Sindicatos de todo tipo y especie, organizaciones comunitarias, ambientalistas a ultranza, algunos grupos de liberaloides y fascistas, entidades de víctimas del delito y las que nacieron al abrigo del poder para administrar de manera dudosa los fondos públicos que indiscriminadamente les otorgó el mismo poder con objetivos turbios y poco claros, todo este bagaje variopinto usó, muchas veces, el autoritarismo para hacerse de facto de lo que se les prometió o lo que creyeron que les pertenece.

La actitud asumida por la organización barrial de base Túpac Amaru, oficialista a ultranza cuando le convino y opositora desquiciada cuando no, es uno de esos ejemplos que ha pasado por arriba cualquier prurito por lo público y los bienes del Estado; del mismo Estado del que se ha valido.

Los cortes de ruta aquí y allá, en cualquier parte del país en donde logró desarrollarse, la irrupción por la fuerza en los despachos oficiales para hacerse manu militari de lo que reclama, como así lo protagonizó sobre el fin de la semana en Guaymallén, pinta a las claras lo lejos que se está de un sistema lógico de discusión, racional y cívico por sobre todo, en el que se tendrían que resolver los entuertos y litigios.

Lo propio ocurre día tras día en Buenos Aires con los trabajadores cesanteados, despedidos o en la cuerda floja de Lear, la autopartista norteamericana que decidió hacer ajustes en su empresa de la noche a la mañana sin dar explicaciones. Cada día los manifestantes dejan decenas de miles de personas varadas en la autopista que se encuentra frente a la fábrica, en represalia contra los empresarios y el gobierno que no les da una respuesta satisfactoria a sus reclamos. En el medio, las decenas de miles de ciudadanos maltratados, terceros que ni la comen ni la beben que pagan por la indiferencia oficial.

Por eso, por lo que debió ser y no ha sido y por lo que es y no debió ser nunca, porque todo está patas para arriba en un país que, siempre se ha dicho, tiene de todo menos sentido común, la próxima administración no sólo deberá acomodar la economía, las finanzas, el sistema de seguridad pública, mejorar la educación, restablecer la confianza en la Justicia y demás. Deberá guiar a sus ciudadanos hacia un escenario en donde la comunidad se reencuentre y deje de buscar culpables y enemigos de todo lo perjudicial que ocurra en un círculo en donde todos son sospechosos y merecedores del exterminio.