El acuerdo entre las provincias productoras de petróleo (Ofephi) y la Nación finalmente llegó al Congreso de la mano del gobernador Francisco Pérez, quien llegó al Senado para defender los posibles cambios en la legislación petrolera. Sin embargo, por el momento, la idea de modificar las reglas del juego no tiene el visto bueno del radicalismo.
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Hidrocarburos: para Vaquié, Mendoza perdería $540 millones
Mientras el acuerdo llegó al Congreso, desde el radicalismo se siguen mostrando reacios a los cambios.
Así es que el diputado nacional Enrique Vaquié también se expresó en desacuerdo con el proyecto para modificar la ley de hidrocarburos presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y explicó en qué nivel afectarían la economía de la provincia de Mendoza, según su estimación.
Vaquié recordó que en la provincia de Mendoza, en los contratos de prórroga de las concesiones de áreas con YPF S. A., Petrolera el Trébol S.A. y Chañares Herrados S.A., se negoció la imposición de un canon extraordinario de producción de 3 %,4 % y 5 % sobre el valor de la producción computable y un canon por renta extraordinaria, que plantea un monto variable en función del precio por cada barril extraído.
Según el legislador, la aplicación de similar esquema a las concesiones aún no prorrogadas podría facilitar una recaudación del canon extraordinario de producción de aproximadamente $ 330 millones y del canon por renta extraordinaria de $ 150 millones.
El economista y pre candidato a gobernador explicó que la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad de explotación de hidrocarburos es en Mendoza de 3,5 %, más 1 % adicional en caso de superar los $ 50 millones de facturación. Eso significa para Mendoza la posibilidad de recaudar aproximadamente $ 183 millones, si se aplica la modificación sugerida de cobrar solo el 3 % por todo concepto, la recaudación provincial caería aproximadamente a $ 123 millones.
El Gobierno nacional propone que las provincias fijen el impuesto a los ingresos brutos en 3 %, cuando hoy ese número varía en relación al cumplimiento por parte de la empresa de su plan de inversión. Modificar este número de manera arbitraria haciendo recaer el mayor esfuerzo en los estados provinciales les significa un perjuicio enorme en materia fiscal. Además de que estaríamos cometiendo una injusticia tributaria: que se le cobren menos impuestos brutos a empresas con una renta extraordinaria cuando al resto de los profesionales, trabajadores independientes, comerciantes o pymes, por decir algunos ejemplos, se les exige una alícuota mayor por el mismo impuesto, afirmó.
De aprobarse el proyecto que propone la presidenta Cristina Fernández, las provincias perderán recursos que son significativos para su desarrollo y el equilibrio de sus finanzas. Mendoza, una provincia cuyo gobernador se endeuda para pagar sueldos estaría cediendo potestades tributarias y de negociación de sus propios recursos, un lujo que, a mi entender, no puede darse, concluyó.