Abastecimiento: las dudas, los temores y las consecuencias frente a otra regulación extrema

El oficialismo se prepara hoy, en la Cámara de Diputados de la Nación, para convertir en ley tres proyectos clave: uno de ellos terminará modificando la actual Ley de Abastecimiento y ha provocado una catarata de críticas de los sectores de la producción que han advertido, una vez que la reformas se confirmen, un grave daño a la economía argentina, un perjuicio directo hacia los productos nacionales que se venden en el exterior y un mazazo a las inversiones que necesita el país.

Tras siete horas de debate en comisiones en Diputados, el kirchnerismo logró los dictámenes de mayoría que requería para imponerlos en la sesión de hoy, sobre tablas, en el recinto, y ya contaría con unos 132 o 134 votos a favor de las iniciativas.

La reforma a la Ley de Abastecimiento es la más urticante de todas. Con esta herramienta en la mano, el gobierno estará autorizado a intervenir en las empresas que considera dominantes en su sector o rubro, para fijarles márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios, de acuerdo con el texto que será votado en Diputados.

La nueva ley regulará los procesos de producción de las empresas y las relaciones de construcción, procesamiento, comercio y consumo bajo el fin, que el gobierno cree constitucional, para evitar abusos y la apropiación indebida, afirma, del excedente de la cadena de valores.

Todo el arco empresario argentino ha salido a cuestionar el avance del gobierno sobre la economía. Ayer, uno de los considerados enemigos del gobierno de Cristina, Luis Miguel Etchevehere, el presidente de la Sociedad Rural, fue duramente cuestionado por el oficialismo cuando exponía en las comisiones de Diputados por criticar fuertemente la iniciativa oficial.

Dejando de lado las cuestiones puramente ideológicas, siempre presentes en los debates encendidos, el ruralista adelantó que la norma traerá serios perjuicios a la producción, por la intervención en el mercado, por los precios máximos y los precios mínimos y recordó que a lo largo de los últimos 11 años otras medidas adoptadas por el kirchnerismo dejaron un saldo de 138 frigoríficos cerrados con 15 mil trabajadores en la calle junto a la desaparición de 16 mil productores ganaderos, algunos de ellos genetistas.

La realidad, más allá de las ideologías, le está mostrando otra cara a las medidas que viene impulsado desde algún tiempo atrás el gobierno de Cristina, cuando se cerró sobre sí mismo y acusó a los particulares y en especial a los empresarios en general de sabotear sus planes económicos.

Todo indica que esta nueva ley, que ampliará las facultades del gobierno para intervenir directamente en el mercado de la producción general de bienes y servicios, entre ellos los alimentos y los insumos básicos que necesita el país, seguirá desatando tempestades en la economía argentina, más que un incremento de la producción, de la inversión y de un combate exitoso sobre los niveles de inflación.

Las críticas apuntan a que la nueva herramienta aumentará la discrecionalidad del Estado en su política intervencionista para obligar a las empresas a producir más bienes aún si ese proceso le genera pérdidas a las unidades económicas.

Se sostiene que tal intervención no traerá consigo más crecimiento y convertirá a la Secretaría de Comercio, la que hizo famosa Guillermo Moreno, en juez y parte, porque le permitirá no sólo obligar a tomar determinadas medidas a las unidades económicas, sino hasta sancionarlas incluso antes de que intervenga la justicia.

En teoría, el camino adoptado por el gobierno parece errado. Aunque se verá cómo funciona en la práctica. Pero aparecen tantas trabas regulatorias, que los empresarios advierten que se terminará favoreciendo otros mercados, como los norteamericanos, brasileños, paraguayos, uruguayos y bolivianos que son los que compiten con los productos argentinos en el mundo.