- Sitio Andino >
- Opinión >
El costado bueno de las crisis: obliga a dar vuelta todas las cartas ocultas
El 2015, además de ser un año caliente por las elecciones generales, seguirá mostrando las consecuencias del parate económico, del proceso inflacionario y la evidente recesión. La discusión por el presupuesto, el del último año de Pérez, será clave y todas las cuentas ocultas saldrán a la luz con fórcep por la batalla electoral. Pero la Justicia por un lado y la Legislatura por el otro avanzaron en medidas que muestran un camino más racional, duro, pero real. Lo necesario para entender que el horno no está para bollos.
En el caso de la Salud, Roby no dudó, en su momento, en levantar claras sospechas de que buena parte de los certificados emitidos por los profesionales que avalaron con su firma las diferentes patologías, en su mayoría psiquiátricas, son truchos. Trucho el certificado, o falso el diagnóstico, o una combinación de ambas cosas, motivó una pesquisa de la que todavía no se han dado a conocer sus conclusiones.
De cada 10 pesos que se destinan al presupuesto de la DGE, 8,3 pesos corresponden al pago de sueldos y la duplicidad de cargos ha disparado tanto el gasto y el impacto en el presupuesto que Tanús no dudó en afirmar que con lo que se destina a solventar las misiones especiales, se podría crear una partida para construir las salas de 4 años para cubrir la totalidad de la demanda que existe insatisfecha en toda la provincia.
La semana trajo consigo decisiones políticas trascedentes para ordenar el gasto en personal del Estado provincial. Y también, atada a tales decisiones, aparecieron las quejas de los gremios de empleados públicos que, a contramano de lo obvio y el sentido común, adelantaron que darán una dura pelea legal contra, al menos, una de las medidas que se acordaron y aprobaron.
Medidas que, por otra parte, no surgieron de la firma de un decreto o de alguna disposición del Ejecutivo, sino que se originaron en una ley, para el caso de los topes salariales en la Administración Pública y otra en el fallo de la Suprema Corte de Justicia ordenando el cumplimiento de una vieja ley que estableció el ingreso al trabajo público por medio de un concurso de antecedentes y que ha sido ignorada por buena parte de los gobiernos provinciales y municipales en los últimos veinte años.
Los dirigentes de los gremios estatales han equivocado el rumbo al negarse a aceptar la ley de topes salariales que ha fijado que nadie puede cobrar más que el gobernador de la provincia. Porque han decidido ir en contra de la jerarquización del empleo público y a contramano de un sentimiento generalizado de que hay que poner definitivamente coto a los privilegios, a las desmesuras y a la anarquía que se ha venido viendo en el manejo del recurso y de las partidas destinadas a los sueldos de los trabajadores.
La falta de recursos, la excesiva presión fiscal sobre la actividad económica que llega a niveles preocupantes, la inflación y el proceso recesivo que se advierte en el país, serán los temas centrales que darán cuerpo a una afiebrada discusión que se acerca sobre el presupuesto 2015.
Las escasísimas y remotas posibilidades de que el gobierno de Cristina Fernández alcance un acuerdo pronto en torno al controvertido problema con los buitres, lo que no le permitirá terminar de resolver el último obstáculo y quizás el más importante que tiene el país para acceder al financiamiento internacional, y por ende, a las inversiones que se necesitan para movilizar el crecimiento y desarrollo del país, dan a entender que el mal clima reinante se mantendrá a lo largo del electoral 2015.
En la semana, Alfredo Cornejo, el líder más trascendente que tiene el radicalismo provincial, ya adelantó que su partido mantendrá su negativa a que el último año de gestión de Francisco Pérez contenga un presupuesto con déficit y, por ende, con endeudamiento. Con lo que la contienda arderá en la Legislatura adicionando un componente más de incertidumbre al clima social.
Las luchas que se avecinan pondrán en valor la eficiencia, no sólo en el gasto público, sino en el uso responsable de las herramientas financieras con las que contará el gobierno. En ese contexto, la cuenta de Personal también será auscultada y saldrán a la luz los extensos bolsones de gastos improductivos a los que se apuntará para ajustarlos a una realidad más que adversa.
Los gremios, tanto los públicos pero con mayor atención los privados, tendrán enfrente una encrucijada: la defensa del salario y sobre todo la defensa del empleo, frente a las demandas de incrementos y ajustes, justos, vinculados estrictamente con el ritmo de la inflación.
La ley de topes salariales, fijando como el límite de los sueldos lo que cobra el gobernador, no debiese ser asumida como una provocación como así lo entienden los gremios, adelantando que pedirán su inmediata inconstitucionalidad.
En su embestida, por medio de un durísimo comunicado que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dio a conocer tras la sanción de la ley, se mezcló una crítica quizás justa sobre las miserias de la política de los últimos años, basada en el clientelismo y la sospecha generalizada. Pero de ninguna manera, el encono que destilan allí, justifica su resistencia a lo que se interpreta como el primer avance hacia una ley general de sueldos en la provincia que deje en claro lo que se gasta en personal, pero sobre todo cómo y con qué se integra el salario de los agentes públicos en función de sus responsabilidades e impacto de su trabajo.
Además, ¿quién en la sociedad puede hoy creer que el gobernador de la provincia cobre 29 mil pesos de bolsillo, conduciendo una provincia con 2 millones de habitantes y un presupuesto de 37 mil millones de pesos? Acaso, ¿lo justo no sería que se blanquearan los salarios y los viáticos para darle más transparencia y credibilidad a su propio trabajo? La ley alumbrada por la Legislatura, como ya se dijo desde aquí en la semana, ha sido el primer avance real y concreto para comenzar a ordenar las cuentas del Estado.