En una de las tantas causas que se le siguen al ex secretario de transporte, Ricardo Jaime, la Cámara Federal confirmó el procesamiento que dictará en su contra el juez Norberto Oyarbide, por dádivas de los empresarios Néstor Emilio Otero, Gabriel Akerman y Edgardo Darío Preitti, de la compañía Terminales de Buenos Aires (Teba), concesionarios de las terminales de ómnibus de Retiro.
Procesaron al empresario que quiere administrar la terminal de San Rafael
Otero es citado como uno de los empresarios que intenta quedarse con la próxima concesión de la flamante terminal de ómnibus de San Rafael, cuya inauguración está demorada.
El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ratifcó, a su vez, lo decidido por Oyarbide al trabar embargos sobre los bienes de Jaime y Otero hasta cubrir la suma de 200 mil pesos.
El expediente, que se iniciara con la denuncia de legisladores de la oposición al considerar un informe de la Auditoría General de la Nación, trata de esclarecer la relación existente entre esas dádivas y la renegociación del contrato con Teba, por la que se le amplió el plazo de concesión por diez años más.
Por otro lado, el magistrado intenta escudriñar si acaso los mismos favores económicos del empresariado al ex funcionario, están vinculados con la poco regular reducción en un 25 por ciento el canon del contrato original.
En la investigación se analiza por qué no se realizó una audiencia pública antes de renegociar el contrato y por qué le bajaron el canon a Otero, generando una diferencia de 60.000 pesos al calcular las multas adeudadas por la empresa. A su vez, se quiere hallar una razón al de que el Estado no actuó cuando se denunció que existía una terminal de ómnibus paralela en Liniers.
En cuanto a las dádivas, la clave está en que Jaime y su mujer ocupaban unos departamentos en los que los fiadores del alquiler eran, justamente, los ejecutivos y hasta, en algunos casos, directamente los encargados de pagarlo mensualmente.
Otero es, justamente, uno de los empresarios que pugna por quedarse con la concesión de la flamante terminal de ómnibus de San Rafael, según afirman concejales de la oposición en el Sur mendocino.
Se investiga el pago de alquileres de inmuebles que habitaba el ex secretario de Transporte por parte de empresarios. Habrá un embargo sobre sus bienes por $200.000.