Visiblemente molestos, con aires de reclamos y sin dejar lugar para respuestas negativas, unos 700 productores agropecuarios del interior de la provincia llegaron a la Legislatura para presionar por los fondos para el Plan Poda. El tema se tratará luego del mediodía en el Senado y amenazan con escrachar a quienes voten en contra de sus intereses.
Plan Poda: 700 productores amenazan con escrachar a los senadores que voten en contra
Se desplazaron en caravana desde el sur provincial. Están en la puerta de la Legislatura presionando para que se consigan los fondos y resaltan que, si algún legislador vota en contra, empapelarán la provincia con sus nombres y caras.
Mayormente agrupados en la Sociedad Rural de San Rafael, llegaron en caravana por la ruta 40 e ingresaron a la ciudad cerca de las 11 de la mañana. Luego de cruzar todo el centro en 8 colectivos y 15 camionetas, llegaron a la Casa de las Leyes.
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Los productores llegaron en caravana desde San Rafael y General Alvear por la ruta 40. |
En ese lugar, y ayudados por banderas y pirotecnia, hicieron escuchar sus reclamos y mostraron su descontento por la importante demora en el pago del Plan Poda. Es que los subsidios debían depositarse entre febrero y marzo, pero todavía no hay novedades positivas.
Sucede que la provincia actualmente no cuenta con los 100 millones de pesos que necesita para hacer frente al Plan Poda y el Justicialismo está pidiendo en la Legislatura un permiso para tomar deuda y poder ayudar a los productores. Sin embargo, desde la UCR no quieren aceptar un nuevo crédito y en su lugar pretender reflotar un viejo permiso del año 2013.
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Nosotros somos productores, no legisladores. Nos pueden explicar 100 veces las leyes, pero lo único que nos interesa es que aparezca el dinero. Queremos que hoy se tome una decisión afirmativa y vamos a escrachar a los que no voten a favor, aseguró Marcelo Serrano, miembro de la Sociedad Rural de San Rafael y ex presidente de la entidad.
Sucede que, si bien no quieren difundir nombres, los finqueros piensan que algunos senadores del sur provincial no votarán a favor de los productores sureños. Hay algunos senadores que ponen palos en las ruedas, no vamos a decirlo ahora, pero si votan en contra San Rafael, General Alvear y toda la provincia va a amanecer empapelada con sus nombres y caras, agregó Serrano.
En tanto, si bien los productores no tienen datos certeros sobre a cuántos afectaron las granizadas de 2013, por las que se sancionó la ley del Plan Poda, aseguran que hay unas 70.000 hectáreas que no han sido cultivadas por los problemas climáticos y económicos que azotan a Mendoza.
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No tendríamos que estar acá en la Legislatura, tendríamos que estar trabajando en la finca. Nos cuesta muchísimo movilizar a toda esta gente hasta Mendoza y nos duele complicar el tránsito a los mendocinos, pero no nos queda otra, resaltó Cristian Del Pozzi, presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, a modo de crítica hacia los legisladores y como disculpa para los automovilistas. Es que la caravana que encabezaron provocó caos vehicular en la Ciudad.
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Marcelo Serrano amenaza con escraches a quienes no voten por el endeudamiento.
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De esta manera, y hasta tanto la Cámara de Senadores no tome una decisión sobre el endeudamiento para afrontar el Plan Poda, los 700 productores que llegaron desde San Rafael, General Alvear y otros puntos de la provincia se quedarán en la Legislatura presionando.
Si el Senado decide votar a favor del proyecto oficial, el mismo será trasladado a la Cámara de Diputados, donde mañana podría tener sanción definitiva.
¿Qué es el Plan Poda?
El Plan Poda fue una ley de emergencia para asistir a los miles de productores que fueron afectados por las granizadas que azotaron Mendoza en septiembre de 2013. En aquella oportunidad todos los legisladores votaron a favor, pero ahora los fondos para los subsidios no aparecen.
Según dicta la ley, el Estado se compromete a pagar $3.000 por cada hectárea a aquellos productores que demuestren un daño del 50% o más en su producción. El máximo a pagar por cada productor es $30.000.
Para afrontar este plan el Ejecutivo pretende tomar una deuda de $100.000.000 y derivarla a los finqueros, algo que no aprueban desde el radicalismo por su negativa a aprobar más créditos públicos.