El diputado nacional Luis Petri renovó hoy su reclamo para que se derogue la Ley Antiterrorista que lleva dos años de vigencia al señalar que "tiene un fuerte sesgo autoritario" y marcó un "fuerte retroceso en las libertades públicas, políticas, económicas y sociales".
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Petri contra la ley Antiterrorista: "tiene un fuerte sesgo autoritario"
El legislador nacional del radicalismo cuestionó a la norma al señalar que "tiene fuerte sesgo autoritario porque supone un avance del poder discrecional del estado sobre los ciudadanos".
La norma, dijo, estaba planeada para servir como "un agravante para cualquier delito cuando alguien aterrorizare u obligara al estado a hacer o no una acción".
"Las convicciones contra el terrorismo a nivel internacional, a partir de (el atentado en Nueva York) a las Torres Gemelas, dispusieron que estos actos que aterrorizan tienen que estar vinculados específicamente en delitos contra la vida o la integridad psicofísica de las personas pero no integrados a cualquier tipo de delitos", señaló.
Y, advirtió que "si se abre ese abanico quedan incursos los dichos o videos como el que subió el periodista (santiagueño Juan Carlos) Suárez o como lo que ocurrió con la imprenta Donnelley que luego después el gobierno se desdijo".
"Lo grave es que desde el gobierno se amenaza y se dice que en caso de que si el gobierno avanza con la derogación Argentina puede ser sancionada", acotó.
Pero, aclaró que la república "puede ser sancionada si mantiene esta legislación, como ya pasó en Canadá, Chile o Bélgica, a quienes se les recomendó que modificaran sus normativas y la circunscribieran a actos de terrorismo conforme a las convenciones internacionales".
"De lo contrario es una ingerencia indebidamente arbitraria y discrecional en las libertades individuales puestas en manos del estado", añadió.
Petri apuntó que esa norma, junto con la ley antipiquetes, "genera un combo que invade las libertades garantizadas por la constitución nacional para los ciudadanos".
El diputado señaló que era un "retroceso respecto de las garantías de los ciudadanos a manifestarse" y apuntó que "en lugar de escuchar, desde el gobierno intenta disciplinar a aquellas voces que no son concordantes con sus ideas". Fuente: DYN