La Inspección General de Seguridad (IGS) terminó este viernes su sumario administrativo en contra de los policías acusados de no cumplir con sus tareas durante la tragedia de Ruta 7, y decidió expulsar a siete policías, en tanto que requirió que otros tres sean suspendidos por 60 días. En tanto que los tres restantes, fueron sobreseídos.
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Tragedia de Ruta 7: la IGS terminó el sumario y pidió expulsar a 7 policías
En este sentido, a partir de hoy la defensa de cada uno de los acusados tendrá 10 días para alegar, y luego será la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad la que de una sentencia definitiva, transformándose en una especie de juez en un juicio dando lugar a la IGS o a los abogados defensores-.
Este viernes, el directorio del organismo, formado por Mariana Herrero la titular-, Leopoldo Orquín, Diego Arenas y Norberto Parma, dio el comunicado oficial, tal como lo había anticipado semanas atrás.
De todas formas, los funcionarios afirmaron que no se pueden conocer aún las identidades de los sancionados, pues aún no termina la investigación.
Además, en el fallo, el organismo recomendó que otros tres policías sean sometidos a un nuevo sumario administrativo. Esto surgió de las pruebas que se recolectaron en el expediente, el cual hoy tiene 2 mil fojas.
Los siete policías cesanteados serían expulsados de la fuerza, siempre y cuando la Junta de Disciplina apruebe el fallo de la IGS lo más lógico-. Por su parte, los tres suspendidos no trabajarán durante 60 días y en ese tiempo no percibirán su sueldo. En tanto que los sobreseído volverán a sus funciones normalmente.
Estos últimos, todos policía encargados de revisar las cámaras de seguridad, fueron absueltos al no encontrarse pruebas en su contra.
Hemos visto las cámaras y realmente se ve el camión, pero no se observa que esté realizando alguna maniobra peligrosa. Y además no recibieron ninguna comunicación de que esto estuviera ocurriendo. No tenían nada que comunicar. Es bueno aclarar esto, afirmó Leopoldo Orquín.
El expediente pasará ahora a manos de la Junta de Disciplina, pues la Inspección General de Seguridad no tiene facultad para aplicar la pena, es decir, sólo propone una sanción. En base a esto, Orquín admitió que hay errores en el sistema y afirmó que hay un plan para cambiar la ley y que el organismo pueda sancionar directamente.
¿Demanda civil?
La sentencia fue remitida hoy a la Fiscalía de Estado, para que sea este organismo gubernamental el que verifique si los policías sancionados no tienen que responder civilmente por los daños ocasionados.
En tanto que también se envió una copia a la fiscalía de Delitos Especiales, a cargo de Santiago Garay, quien investiga penalmente a los uniformados. Estas pruebas pueden ayudar al magistrado a sostener la acusación en contra de 6 efectivos que fueron imputados por omisión de sus deberes de oficio.