Se cumplen seis meses de la mayor tragedia vial de Mendoza, en la cual fallecieron 16 personas al chocar de frente un camión que iba en contramano, contra un colectivo. Desde ese día, el 7 de febrero pasado, pocas cosas cambiaron. El principal culpable del siniestro, el chofer del camión, falleció, por lo tanto la Justicia no tiene a ningún responsable de esas muertes.
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Volvió a asumir como jefe del 911 el comisario que estaba a cargo en la tragedia de ruta 7
Darío Irrutia regresó a esa función tras un fugaz paso por otras dependencias. Se cumplen 6 meses del caso que enlutó a la provincia. Te contamos qué pasó con los policías sancionados.
Del lado administrativo, de los 13 policías que fueron separados de sus funciones por omitir las llamadas al 911 que advertían de un camionero manejando ebrio y en contramano, sólo 4 siguen en pasiva, mientras que el resto ya volvió a trabajar normalmente.
Y además, los seis efectivos imputados penalmente por omisión de los deberes del oficio, casi siguen su vida normalmente, pues están acusados de un delito que sólo tiene como pena multas económicas.
Pero como si esto fuera poco, justo a seis meses del trágico accidente, se sumó un dato que ya genera polémica en los pasillos del Ministerio de Seguridad, como así también en la Legislatura y Casa de Gobierno.
Es que este martes volvió a asumir al frente del CEO -911-, el Comisario General Darío Irrutia, quien estaba al frente del Comando Radioeléctrico al momento de la tragedia.
El uniformado fue separado de su cargo días después del accidente, y si bien oficialmente se asegura que el siniestro no influyó en el cambio, para muchas fuentes políticas, policiales y judiciales, el cambio fue para calmar los ánimos.
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El Director de la Policía, Juan Carlos Caleri, confirmó que Irrutia volvió a hacerse cargo del 911, y afirmó que los cambios fueron pura y exclusivamente por cuestiones internas del Ministerio de Seguridad.
El Comisario fue llevado a la Seccional que se ocupa de los edificios del Poder Judicial, Casa de Gobierno y Legislatura. Días después fue sacado de ese puesto y regresó al Ministerio de Seguridad, donde ocupó otro cargo. Ahora, volvió a su viejo cargo.
En los pasillos de los tres poderes, los rumores están a flor de piel. Algunos indican que Irrutia no fue bien recibido en la Legislatura, y algunos hasta afirman que recuperó su puesto en el 911, gracias a una altísima autoridad de la provincia.
Lo cierto es que a seis meses de la tragedia, el Jefe del 911, tan cuestionado por esos días, sigue a cargo de la misma persona, y de los 13 policías sancionados, sólo cuatro están separados de la fuerza.
El estado de las causas que investigan la tragedia
El accidente provocó la iniciación de varios expedientes. Por un lado, el fiscal Martín Scattareggi instruye el choque en sí, causa que va camino a ser archivada, pues el principal culpable, el chofer del camión que iba en contramano por el acceso este, falleció en el impacto. Entonces, el magistrado no tiene persona para acusarla de las muertes.
En segundo plano, el fiscal especial Santiago Garay inició una causa para investigar el accionar de los policías que hicieron caso omiso a las llamadas previas al 911.
En esta, hay seis uniformados imputados: Florencia González y Alejandro Vega estaban en la atención del 911-, Antonio González y Paola Aldunate miembros de la Policía Vial Norte-, y José Torres y Ramón Ríos, de la Comisaría 25 de Guaymallén, donde no recibieron la denuncia del hombre que vio al camionero ebrio, alterado y conduciendo en contramano.
Todos estos fueron acusados por omisión de los deberes de oficio, cuya pena prevé solo multas económicas e inhabilitaciones. Según confirmó Garay, este expediente está en etapa de pruebas, y por ahora resta para que los imputados lleguen a juicio.
La tercera línea investigativa está a cargo de la Inspección General de Seguridad, que analiza el sumario administrativo a los efectivos sospechados. El organismo separó en su momento a 13 uniformados: un inspector de la Vial, tres efectivos del 911, un subcomisario y un oficial del CEO, y tres policías de la Comisaría 25. De esos, 9 ya volvieron a trabajar normalmente.
La titular de la IGS, Mariana Herrero, confirmó que la semana próxima, o a más tardar a mediados de agosto, el directorio definirá la sanción a todos estos. Esto puede ir de la absolución, pasando por días de suspensión o hasta la expulsión de la fuerza.
Sólo restan los alegatos, que se harían en algunos días y después vamos a dar la sentencia. No puede pasar de estos días, confió a SITIO ANDINO, Herrera.
En medio de todo esto, están los familiares de las víctimas. Varios de estos ya iniciaron acciones legales en el fuero civil- contra el Estado y la empresa del camión. Mientras, siguen pidiendo Justicia, algo que por ahora, parece estar bastante lejos.
Acto en el lugar del hecho
Al cumplirse seis meses del hecho, este jueves a las 17.45, hora exacta del accidente, familiares de las víctimas harán un acto en el lugar del hecho: acceso este, a la altura del autódromo Jorge Ángel Penna.