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Por Marcelo Torrez

La necesidad de un frente común para frenar a Galuccio

El CEO de YPF logró, con la anuencia de Cristina Fernández, avasallar la soberanía de las provincias petroleras tanto que está a un tris de dejar a Mendoza y a otros estados sin el manejo de un recurso estratégico.
El acuerdo político entre el gobierno de Francisco Pérez y los radicales cumple una semana y más allá de las nuevas diferencias que surgieron entre ellos en las últimas horas, como por caso la de la capitalización del Fondo para la Transformación y Crecimiento por unos 400 millones de pesos que a esta altura si sale por ley separada o dentro de los viejos acuerdos parece ser una anécdota, ambas fuerzas deberían explotar al máximo el ámbito de discusión que encontraron para debatir la falta de certezas que tiene la provincia en su futuro inmediato.

Calidad del gasto, un nuevo esquema de tributos de impuestos provinciales y un fondo especial bajo la forma de un fideicomiso para garantizar a fuego la realización de algunas obras provinciales, como ha sugerido el diputado nacional Enrique Vaquié, parecen ser sólo el inicio de una serie de desafíos monstruosos para toda la dirigencia mendocina.

No es novedad que la nación avanzó sobre algunas prerrogativas y derechos provinciales en los últimos años afectando seriamente a Mendoza, en todo o casi todo lo que tiene que ver con la distribución de los recursos entre nación y los estados federales.

Pero lo último que ha aparecido en escena, el esquema de base por donde discurrirá el negocio petrolero para los próximos años en la Argentina, tras la aparición en escena del petróleo y gas no convencional, puso a las provincias petroleras al borde del abismo de las pérdidas totales de su facultades tras el avance voraz de la YPF estatal que comanda Miguel Galuccio.

Galuccio logró, con la anuencia de Cristina Fernández, desde ya, avasallar la soberanía de las provincias petroleras tanto que está a un tris de dejar a Mendoza y a otros estados sin el manejo estratégico del recurso que desde el 2006 y ratificado por una ley basada en principios constitucionales está bajo los dominios de los territorios provinciales.

El hecho que está a punto de consumarse, una nueva ley en donde YPF pone todas las pautas y condiciones en temas tales como con quién deben asociarse las provincias y cuánto deben recibir por la explotación petrolera, pasaría a transformarse en una de las concesiones más vergonzosas de las provincias hacia la nación.

Se cederían puntos de regalías, facultades impositivas y ambientales y las nuevas empresas estatales provinciales que fueron creadas para que las provincias se sentaran con voz y voto en las negociaciones con las compañías petroleras, dejarían de existir para ser parte del pasado.

Todos los gobernadores petroleros han puesto el grito en el cielo pero pocos son escuchados. El grito de Mendoza es débil. Con lo que aquel acuerdo político al que se accedió en Mendoza debería ser extendido hacia todas las fuerzas políticas para analizar estrategias comunes para ser escuchados en la nación.

El parlamento nacional parece ser el ámbito más adecuado para que la voz de Mendoza sea escuchada. Con lo que tanto en diputados como en senadores de la Nación, la provincia podría ser identificada bajo un frente común de coincidencias entre los legisladores mendocinos. Dicho así, parece una obviedad y en realidad lo es. El sentido común y los intereses de la provincia deberían ser comunes a todos.

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