Los 11 meses de duración del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la provincia permitió, además de lograr cuatro condenas perpetuas y una sentencia a 12 años, comprobar que existió un plan sistemático de violaciones como método de tortura.
Los crudos relatos de cada una de las víctimas lograron hacer visible una realidad que para muchos era ajena y desconocida: las mujeres detenidas eran violadas a diario como forma de tortura y humillación.
En el centro clandestino más grande de la provincia, D2, las mujeres y hombres detenidos clandestinamente eran sometidos a diversos métodos de tortura. Así quedó demostrado con las declaraciones de Fernando Rule, quien afirmó que la parte más horrible de las torturas fue la forma en que el personal del D2 usaba la violencia sexual como método de tortura, porque la golpiza y la picana dolían pero pasaban, pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las violaciones.
Por esta razón, por medio de un Amicus Curiae, es decir una presentación judicial realizada por terceros, se solicitó a la Justicia que sean consideradas las violaciones como delitos imprescriptibles y de lesa humanidad.
Si se considera la violación como práctica sistemática de represión, no hará falta saber quién es el autor concreto, explicó el fiscal Dante Vega.
En tanto, la investigadora Alejandra Ciriza, planteó la necesidad de enfocar los delitos de género como una perspectiva política, y la violencia sexual como exterminio psíquico y físico, ya que ataca a la integridad de las personas.
Por su parte el abogado de la Secretaria de Derechos Humanos, Pablo Garciarena sostuvo que actualmente no está visibilizado el problema de la mujer como objeto de violencia. La mujer fue objeto de una violencia sin precedentes, fue castigada por ser militante y por ser mujer.
Con estas políticas de Estado se reconstruyeron los fundamentos éticos de la sociedad para poder pensar en una Argentina distinta concluyó Marcelo Duhalde de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
De esta manera, Mendoza logró marcar un punto de inflexión respecto a otras provincias ya que fueron las víctimas quienes relataron en primera persona el horror que debieron soportar.
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