Empezó como una discusión de pareja, como una típica pelea de matrimonio, pero la situación se descontroló. Ella lo acusó de golpear a su hija y llamó a la policía. Lejos de calmar los ánimos, él se alteró y se negó a ser aprehendido por los efectivos. Fue ahí cuando uno de los uniformados gatilló su arma y le disparó a la víctima, que luego salvó su vida milagrosamente.
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El Estado deberá pagar 200 mil pesos por un caso de gatillo fácil en Ciudad
En el 2008, dos policías acudieron a una casa por una discusión doméstica. Intentaron detener al padre de familia, pero este se resistió y fue baleado. Quedó demostrado que el arma no tenía el seguro correspondiente.
Ahora, a exactamente seis años del hecho, y luego de que la Justicia Penal condenara a los dos policías que participaron en el procedimiento, un Juez ordenó que el Estado indemnice a la víctima del hecho, por la conducta irregular de uno de los efectivos.
De esta forma, Leandro Ezequiel Vila recibirá 200 mil pesos, más intereses, por las graves heridas que sufrió tras ser atacado y por la incapacidad que le dejaron esas heridas.
El hecho ocurrió a las 9.30 de ese día, en una casa del barrio La Favorita, justo en frente de la Subcomisaría Gauna. En esa morada vive Vila junto a su pareja y una menor de edad.
La discusión entre la pareja provocó la intervención policial. Allí llegaron dos efectivos, de apellido Moreno y Pérez, quienes intentaron aprehender al joven, que se resistió e intentó agredir a los uniformados.
Mientras, decenas de personas presenciaban el hecho, e incluso algunos también insultaban y amenazaban a los policías. Fue allí cuando Moreno caminó hasta el móvil 1687, una Ford Ranger, y tomó su escopeta, que no tenía puesto el seguro.
Volvió a forcejear con Vila, y en ese momento le disparó. El joven quedó gravemente herido y los uniformados, según la denuncia de la víctima, abandonaron el lugar.
Vila fue llevado al hospital Lagomaggiore, donde fue operado de urgencia y luego de una larga recuperación, logró salir a adelante.
Con estas pruebas, y gracias al testimonio de varios testigos, la Justicia entendió que el Estado debía indemnizar al damnificado.
En los fundamentos, el juez Claudio Ferrer se basó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y destacó que el accionar del policía fue evitable, como así también que el hecho era previsible.
Teniendo a la vista la resistencia que oponía la víctima y el grado de dificultad que planteaba la lucha cuerpo a cuerpo, podría razonablemente- anticiparse que la escopeta, cargada, y sin seguro colocado, podía dispararse con un final incierto, sostuvo el magistrado, en su fallo.
Luego, agregó: En pocas palabras, hubiera alcanzado con que el imputado le pusiese el seguro a la escopeta para que no se produjese el disparo no querido. Algo tan sencillo de hacer y tan al alcance de una persona cuidadosa, que fácilmente se le debo reprochar a un profesional.
Probando la culpabilidad del policía, Ferrer afirmó que la jurisprudencia marca que el Estado se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad.
Ante esto, falló en contra del Estado, y ordenó que Vila sea indemnizado en concepto de daños y perjuicios.