Tras las explicaciones poco convincentes de los funcionarios del Gobierno en relación a la muerte de Luciana Rodríguez, la nena de 3 años asesinada a golpes, la fiscalía especial comenzará una investigación para determinar si incurrieron en un delito.
En la tarde de ayer, la fiscal especial Claudia Ríos confirmó que inició de oficio la investigación contra los funcionarios que debieron realizar un seguimiento a la familia de Luciana con el objetivo de determinar si existió un delito.
Para esto, solicitará la documentación del caso, tanto del Organismo Administrativo Local (OAL), del Programa de Prevención al Maltrato de la niñez, adolescencia y familia, de la Dinaf y hasta de la comisaría Tercera para saber cómo actuó cada uno de los organismos durante el caso.
La fiscal, además, citará a declarar a varios funcionarios durante los próximos días.
En tanto, el abogado de la abuela de Luciana, Oscar Mellado, se constituirá como querellante en la causa.
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