Sindicalización policial: más sombras que luces (Por Sergio Bruni para Sitio Andino)
La crisis de seguridad generada a partir de los autoacuartelamientos policiales en la mayoría de las provincias argentinas, ha disparado un debate de características nacionales.
¿El gremio del personal policial responderá a los intereses y a la conducción de la confederación de trabajadores o al mando de la autoridad gubernamental?
Y más aún teniendo en cuenta la tradición argentina en cuanto a la identificación partidaria del sindicalismo, ¿la policía sindicalizada responderá al mando del Gobernador, del juez, de su superior inmediato, o a la conducción partidaria con la que se identifique su sindicato?
En la actualidad existen países que admiten la sindicalización, en particular en Europa, donde hay sindicatos de policías aunque sin derecho a huelga, donde el sindicato y los delegados elevar los reclamos ante las autoridades. Es preciso resaltar que las experiencias llevadas adelante en otros países, no se pueden ni deben trasladar en forma directa a nuestra realidad, que como ya he señalado posee un sindicalismo de particular identidad.
En punto a lo referido, es preciso recordar que el Ministerio de Trabajo de la Nación citando dictámenes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha dicho que la legislación nacional de los Estados miembros podrá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y policiales las garantías de libertad sindical y aclara La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías.
Es innegable la necesidad de aceitar mecanismos de comunicación, que permitan al personal policial transmitir una situación ajustada a derecho en forma orgánica e institucionalizada a través de la denominada vía jerárquica.
Hay que recordar que el sistema de leyes de la seguridad pública en Mendoza, es decir la 6653, 6721 y 6722, le brinda al personal policial todas las garantías necesarias, ya sea en la comunicación de sus inquietudes y requerimientos, como además en la defensa de sus derechos, mediante un régimen supletorio de investigación disciplinaria, por parte de las instituciones creadas, a partir precisamente de la complejidad de la función policial, en ese esquema no es menor la participación que pueden tener jefes policiales en el Consejo Asesor de Seguridad, quien posee el rol de asistencia al Gobernador en todos los temas referidos al sistema de seguridad. Lamentablemente esta gestión ha desarticulado un instituto creado por la legislación de la provincia y que de estar en funcionamiento tendríamos el instrumento idóneo para canalizar los eventuales reclamos salariales y de otras naturalezas de nuestra fuerza de seguridad.
Pero es preciso resaltar que en la escala superior de ésta pirámide jerárquica se encuentra el Sr. Gobernador de la Provincia, quien por mandato constitucional es el jefe de las policías de Mendoza, siendo entonces éste el que concentra la mayor responsabilidad en cuanto a escuchar y responder las demandas de los efectivos policiales, situación que lleva a la siguiente reflexión: ¿ qué mejor representante puede tener un sector que no sea otro que el jefe máximo de la Provincia?
Gestión y liderazgo son dos de las premisas que hay que profundizar para atender las demandas más importantes como lo es la seguridad, que con legítima insistencia reclama el conjunto social.