El Gobierno nacional modificó el régimen de la Ley de Inversiones Mineras para simplificar trámites, centralizar la información de empresas y proyectos y facilitar el recupero del IVA durante la exploración. Los cambios también establecen cómo convivirá este esquema con el RIGI, un punto que cobra especial importancia para Mendoza.
El Gobierno nacional modificó el régimen de inversiones mineras.
El Gobierno nacional introdujo cambios en el régimen de inversiones de la minería, una herramienta central para el desarrollo de proyectos en todo el país y que adquiere particular relevancia para Mendoza, en momentos en que la Provincia busca ampliar la exploración y avanzar con nuevos emprendimientos.
La Secretaría de Minería oficializó la modificación mediante la Resolución 68/2026, que adecuó los procedimientos de la Ley 24.196 a la reglamentación establecida previamente por el Decreto 482/2026. Entre los principales cambios aparecen la creación de un nuevo registro digital, modificaciones para los proveedores mineros y mecanismos para compatibilizar los beneficios con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó al Sistema Integral de Recupero (SIR) el procedimiento para solicitar la devolución de los créditos fiscales de IVA vinculados con las tareas de exploración minera.
El objetivo declarado por Nación es reducir la burocracia y acelerar los procedimientos administrativos para una industria que demanda grandes inversiones antes de determinar incluso si un proyecto llegará a convertirse en una mina.
Uno de los principales cambios es la creación del Registro de Inversiones Mineras (RIM), que funcionará como un sistema informático centralizado para reunir la información de quienes reciben los beneficios establecidos por la Ley de Inversiones Mineras.
Las empresas titulares de los proyectos y los prestadores de servicios serán identificados mediante su CUIT, mientras que cada emprendimiento tendrá asignado un código único, lo que permitirá individualizarlo y facilitar su seguimiento y fiscalización.
La modificación apunta a reemplazar procedimientos administrativos dispersos por un sistema que concentre la información y permita una mayor trazabilidad de las inversiones.
También se establecen nuevas condiciones para los prestadores de servicios mineros. Entre ellas aparece la obligación de constituir un domicilio legal electrónico en su primera presentación anual.
La actualización incluye, además, procedimientos relacionados con el Seguro Ambiental Obligatorio, exigido dentro del marco de la Ley General del Ambiente.
Otro de los puntos relevantes afecta directamente a la exploración minera, una de las etapas de mayor riesgo económico para las compañías.
La Ley 24.196 permite que las empresas incorporadas al régimen soliciten la devolución del IVA correspondiente a determinadas inversiones realizadas durante las tareas exploratorias.
Ahora, ese procedimiento pasa a gestionarse mediante el Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA, dejando atrás el esquema basado en expedientes físicos.
La medida busca agilizar la devolución de los créditos fiscales de IVA y reducir los tiempos administrativos para las empresas que destinan capital a buscar y dimensionar nuevos depósitos minerales.
El cambio tiene especial relevancia porque la exploración puede extenderse durante años y requiere fuertes desembolsos antes de que exista certeza sobre la viabilidad económica de un yacimiento.
Argentina tiene actualmente 74 empresas exploradoras activas y un gasto anual cercano a los US$400 millones en exploración, de acuerdo con los datos difundidos por el sector. Aun así, el nivel de perforación continúa por debajo de países mineros vecinos: se estiman entre 3 y 5 metros perforados por kilómetro cuadrado en Argentina, frente a entre 10 y 20 metros en Chile.
La reforma incorpora además un punto relevante para los proyectos de gran escala: la articulación entre la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI.
La normativa contempla específicamente qué ocurrirá cuando un emprendimiento ya inscripto en el Registro de Inversiones Mineras decida posteriormente ingresar al RIGI mediante un Vehículo de Proyecto Único (VPU).
El objetivo es mantener la continuidad registral del proyecto y evitar que la incorporación al régimen de grandes inversiones genere duplicaciones o inconvenientes administrativos.
Este aspecto tiene impacto directo en Mendoza, donde el desarrollo de la minería metalífera abrió una nueva etapa de inversiones y exploración.
Uno de los casos más importantes es PSJ Cobre Mendocino, que obtuvo la aprobación provincial para avanzar con la explotación y posteriormente consiguió su incorporación al RIGI. El proyecto contempla una inversión de gran escala para desarrollar una mina de cobre en Uspallata.
A esto se suma la expansión de la exploración en el sur provincial, principalmente en Malargüe, donde diferentes compañías avanzan sobre áreas con potencial de cobre y otros minerales.
Las modificaciones nacionales aparecen en un momento particular para Mendoza. Tras años de baja actividad exploratoria, la Provincia busca generar nueva información geológica y atraer inversiones hacia zonas todavía poco estudiadas.
La exploración es precisamente uno de los principales desafíos para desarrollar nuevos proyectos: sin perforaciones no es posible determinar la cantidad, calidad y distribución de los minerales existentes bajo la superficie, ni establecer posteriormente si un depósito puede convertirse en una explotación económicamente viable.
Por eso, la aceleración del recupero del IVA y la simplificación de los trámites pueden tener incidencia en las decisiones de inversión de las compañías que analizan desembarcar o ampliar sus trabajos en Mendoza.
Con el nuevo esquema, Nación busca que la Ley de Inversiones Mineras, vigente desde 1993, se adapte a una industria que atraviesa una nueva etapa impulsada principalmente por la demanda internacional de cobre, litio y minerales críticos, además de los tradicionales proyectos de oro y plata.
