Salud en Argentina: 25 años de emergencia sanitaria y sus costos ocultos

Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el empleo registrado en salud cayó 1,3%, frente a una contracción de 3,9% en el promedio de la economía. Pero sostener relativamente los puestos de trabajo también tuvo un costo: los salarios reales del sector acumularon una pérdida de 3%, mientras que el salario real promedio del trabajo formal se recompuso 1% durante el mismo período.

Estos datos muestran una particularidad importante. Aun con una actividad prácticamente estancada, los prestadores sostuvieron relativamente más empleo que el promedio de la economía. Pero que el ajuste no aparezca con la misma intensidad en la cantidad de trabajadores no significa que la tensión haya desaparecido. En buena medida, se desplazó hacia otras dimensiones de la actividad.

Costos inmediatos, ingresos demorados

Allí aparece la asimetría histórica bajo la cual operan las instituciones médicas. Por un lado, enfrentan costos asociados a salarios, medicamentos, insumos, tecnología, equipamiento y mantenimiento. Por otro, sus ingresos dependen de aranceles que no fijan libremente, sino que surgen de negociaciones con financiadores públicos y privados que también enfrentan restricciones.

Cuando la brecha entre lo que cuesta prestar un servicio y lo que se recibe por él se prolonga, las instituciones no necesariamente reducen de inmediato prestaciones o empleo. Una de las formas en que ese desequilibrio termina manifestándose es en la acumulación de obligaciones y la postergación de inversiones. El punto relevante no es únicamente el nivel de deuda acumulada, sino el mecanismo que la genera.

En este esquema, el prestador no solo brinda la atención médica: muchas veces termina financiando una parte de ella. Debe afrontar salarios, insumos, medicamentos y gastos de funcionamiento antes de conocer con certeza cuándo cobrará o si el arancel reconocerá plenamente esos costos. Cuanto más tiempo se sostiene el desfasaje, mayor es la presión sobre la liquidez y el endeudamiento, y menor el margen para realizar nuevas inversiones o mantener la infraestructura y el equipamiento.

Más prestaciones y la misma pregunta: cómo financiarlas

Durante las últimas décadas, el sistema fue incorporando nuevas prestaciones, medicamentos, tecnologías y tratamientos. El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece un piso de cobertura que, a su vez, fue ampliándose mediante nuevas normas y decisiones judiciales. Esto representa avances en términos de acceso, pero plantea también una pregunta económica: ¿cómo se financian esas nuevas obligaciones?

Buena parte de los recursos de las obras sociales continúa vinculada al empleo formal y a los salarios. Es decir, mientras las prestaciones y sus costos responden a la evolución de la medicina, la tecnología y las obligaciones de cobertura, una parte central de los ingresos depende de la evolución del mercado laboral. Cuando ambas dinámicas no coinciden, el costo se distribuye dentro del sistema y recae sobre quien efectivamente presta el servicio.

El peso de la estructura tributaria

A esta situación se suma una estructura tributaria que profundiza algunas de las tensiones. El IVA es un ejemplo particularmente claro. Muchas prestaciones médico asistenciales se encuentran exentas, pero las instituciones pagan IVA al adquirir insumos, equipamiento y servicios. Como esas ventas exentas no generan débito fiscal, parte del crédito no puede recuperarse y termina incorporándose al costo.

Según el análisis de IERAL de la Fundación Mediterránea, aun cuando el crédito es computable, puede acumularse un saldo técnico de difícil utilización. Las estimaciones del instituto muestran que el crédito fiscal no recuperable y los saldos técnicos de IVA representan alrededor del 8% del precio final. En el caso base de una institución sin fines de lucro, la presión tributaria representa un tercio del precio de venta y los tributos laborales explican la mitad de la carga fiscal total.

La paradoja de la emergencia permanente

La prolongación de la emergencia sanitaria agrega otra dimensión. Durante más de veinte años se sucedieron regímenes de facilidades de pago y parte de las contribuciones patronales se transformó, en los hechos, en deuda de muy difícil recuperación.

Aquí aparece una paradoja: existen prestadores que mantienen obligaciones acumuladas con el Estado y, al mismo tiempo, créditos fiscales que no pueden utilizar plenamente. No se trata de condonar indiscriminadamente esas obligaciones. Pero después de más de dos décadas de emergencia, resulta razonable discutir mecanismos de normalización que contemplen ambas situaciones.

Una posibilidad planteada en el trabajo de Laura Caullo y Guadalupe Galíndez es permitir la compensación de créditos fiscales de IVA contra contribuciones patronales y diseñar un esquema de regularización de la deuda acumulada de acuerdo con la capacidad de pago de cada institución, preservando al mismo tiempo los incentivos para aquellos prestadores que mantuvieron sus obligaciones al día.

El costo de financiar el presente con el futuro

Todo esto permite interpretar de otra manera la situación actual. Más que una situación coyuntural, la salud atraviesa un proceso que se monta sobre problemas que vienen de mucho antes. Una eventual recuperación de la actividad económica tampoco será suficiente, por sí sola, para resolverlos.

El desafío es evitar que el sector siga financiando su funcionamiento presente a costa de su capacidad futura. La sostenibilidad económica de los prestadores no es solamente un problema de las instituciones de salud. Si estos desequilibrios se prolongan, terminan condicionando la inversión, la incorporación de tecnología, la capacidad de sostener equipos de trabajo y, finalmente, la calidad y continuidad de la atención sanitaria.

Después de casi un cuarto de siglo de emergencia, la discusión ya no debería limitarse a cómo volver a prorrogar mecanismos excepcionales. El verdadero desafío es corregir las condiciones que hicieron que lo excepcional terminara convirtiéndose en permanente.