El cobro de peajes de hasta $9.300 para el transporte pesado en Las Cuevas, mientras la Ruta Nacional 7 continúa mostrando un marcado deterioro, abrió el primer conflicto entre la nueva concesionaria del corredor internacional y los empresarios del transporte de cargas de Mendoza. La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) cuestionó la decisión y exigió que las reparaciones se concreten antes de aplicar las nuevas tarifas.
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Ruta 7: transportistas cuestionan los nuevos peajes en Las Cuevas
Los transportistas rechazan peajes de hasta 9.300 pesos en Las Cuevas y reclaman que Caminos del Aconcagua repare la Ruta 7 antes de cobrar las nuevas tarifas.
Un conflicto que estalló a días del traspaso
La controversia estalló apenas comenzó a operar Caminos del Aconcagua, la concesionaria integrada por Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur, que asumió la administración del Corredor Cuyo el último miércoles. Dos días después, con la entrada en vigencia del nuevo esquema de peajes, los transportistas hicieron público su rechazo a una medida que consideran injusta frente al estado actual de la infraestructura vial.
La discusión no gira alrededor de la necesidad de financiar el mantenimiento de la ruta, sino sobre quién debe asumir el costo de recuperar una infraestructura deteriorada y en qué momento corresponde comenzar a cobrar por su utilización.
Primero las obras, después el peaje
Para APROCAM, la decisión contradice las expectativas generadas durante el proceso de licitación de la Red Federal de Concesiones. Según la entidad, los anuncios oficiales habían instalado la idea de que los nuevos cuadros tarifarios entrarían en vigencia después de las primeras intervenciones destinadas a recuperar las condiciones de circulación.
Sin embargo, el cobro comenzó ni bien se firmó el convenio de concesión del tramo a favor de la empresa. “En cualquier servicio, primero se brinda la prestación y luego se cobra. Por eso, consideramos que esta medida es inadmisible”, sostuvo Carlos Messina, presidente de APROCAM.
El dirigente también cuestionó el modelo elegido para la administración de la infraestructura vial y planteó una comparación con experiencias anteriores: “¿Será que estamos volviendo al modelo de concesiones de los años 90?”.
La cámara empresaria aclaró que no se opone al sistema de peajes como mecanismo de financiamiento, sino a la aplicación de tarifas que considera elevadas mientras persisten deficiencias que afectan tanto a los vehículos como a sus conductores.
“Nos cobran tarifas de hasta $9.300 por transitar en un cráter”, expresaron desde la entidad, en referencia al estado de distintos sectores del camino internacional.
Una ruta deteriorada y tarifas de hasta $9.300
Los valores cuestionados por APROCAM oscilan entre $7.500 y $9.300 por camión, según la cantidad de ejes. El incremento representa un nuevo costo operativo para las empresas que utilizan regularmente el paso internacional Cristo Redentor, principal vía terrestre de intercambio comercial entre Argentina y Chile.
El corredor arrastra años de mantenimiento insuficiente y presenta sectores donde los baches, las deformaciones del pavimento, el deterioro de las banquinas y la falta de señalización aumentan los riesgos de circulación.
La situación es particularmente delicada entre Punta de Vacas y Las Cuevas, donde las condiciones de alta montaña, las nevadas, las bajas temperaturas y el tránsito constante de vehículos pesados aceleran el desgaste de la calzada. Circular en estas condiciones no solamente compromete la seguridad vial. También implica mayores costos de mantenimiento de las unidades, posibles roturas, demoras y dificultades para cumplir los tiempos de las operaciones internacionales.
“No nos oponemos a pagar por un servicio, nos oponemos a pagar tarifas desorbitadas por circular sobre una ruta destruida donde la falta de mantenimiento pone en riesgo diario la seguridad de las unidades y de los choferes”, señalaron desde APROCAM.
Las obras comenzaron, pero lejos de Las Cuevas
La nueva concesionaria anunció un programa de recuperación de la Ruta 7 que contempla una primera etapa de trabajos intensivos y un plan de rehabilitación durante los primeros cinco años de gestión.
El operativo inicial prevé dos plantas asfálticas, nueve frentes de obra y más de 200 operarios. Durante los primeros doce meses, el programa anunciado incluye más de 260.000 metros cuadrados de bacheo y la utilización de 14.000 toneladas de mezclas asfálticas, además de intervenciones sobre banquinas, señalización, iluminación y sistemas de drenaje.
Los primeros trabajos comenzaron en el Este mendocino. Durante las jornadas iniciales se realizaron tareas de sellado de fisuras en el departamento de La Paz.
Desde la concesionaria explicaron que las condiciones meteorológicas limitan las posibilidades de ejecutar determinadas obras en alta montaña y que las intervenciones avanzarán progresivamente cuando el clima permita trabajar en condiciones adecuadas.
Allí aparece uno de los puntos centrales del conflicto: mientras la empresa plantea un cronograma de recuperación gradual, los transportistas deben afrontar las nuevas tarifas desde el comienzo de la concesión, incluso en los sectores donde todavía no se realizaron reparaciones.
El debate sobre quién financia la recuperación
El cuestionamiento de APROCAM también apunta al funcionamiento económico del nuevo sistema de concesiones viales.
Desde la empresa se sostiene que el contrato contempla un esquema de inversiones y mantenimiento financiado mediante el cobro de peajes, con intervenciones distribuidas a lo largo de los primeros años de operación.
La entidad transportista, en cambio, considera que el Estado permitió trasladar a los usuarios el costo de recuperar una infraestructura que debería encontrarse en condiciones adecuadas antes de exigir las nuevas tarifas.
En ese sentido, APROCAM cuestionó lo que interpreta como un mecanismo para financiar con la recaudación inmediata las obras que, a su criterio, debieron realizarse previamente.
La controversia también requiere distinguir entre las expectativas transmitidas durante la licitación y las obligaciones efectivamente establecidas en el contrato. El esquema para la nueva concesión contempla la aplicación progresiva de tarifas vinculadas al cumplimiento de determinadas condiciones contractuales.
Más allá de esa discusión, el problema de fondo permanece: los usuarios comienzan a pagar mientras las mejoras comprometidas están pendientes.
Un conflicto que podría profundizarse
Frente a este escenario, APROCAM reclama la intervención de Vialidad Nacional para revisar la aplicación de las tarifas en Las Cuevas hasta que existan avances concretos en la recuperación de la calzada.
La entidad advirtió que, de no obtener respuestas, el malestar podría derivar en medidas de fuerza o acciones legales. El conflicto aparece en un momento sensible para Mendoza. La recuperación del corredor internacional representa una demanda histórica del sector productivo, el comercio exterior y las empresas de transporte, después de años de deterioro y reclamos por falta de inversiones.
Expectativas de recuperación y un interrogante abierto
La llegada de una nueva concesionaria abrió expectativas de recuperación, pero también un interrogante sobre la distribución de sus costos. Para APROCAM, la solución no pasa por rechazar los peajes, sino por invertir el orden de las prioridades: primero garantizar una ruta transitable y segura, después cobrar por utilizarla.