El Gobierno nacional amplió la definición de proveedor local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y modificó una de las pocas herramientas que podían reservar una parte de esa demanda para la industria y proveedores argentinos.
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RIGI: filiales extranjeras competirán como proveedores locales
El Gobierno amplió la definición de proveedor local del RIGI. Qué implica para la industria argentina y las pymes mendocinas que buscan acceder a más contratos.
El Decreto 1366/2026, publicado el lunes, abre la competencia a filiales de grupos extranjeros dentro del universo de proveedores locales. El problema es que esa apertura no viene acompañada por nuevas obligaciones de inversión productiva, transferencia tecnológica o articulación con pymes argentinas. Se amplía la oferta habilitada, pero no se fortalece la capacidad de las empresas nacionales para disputar los contratos.
De esta manera, cualquier empresa extranjera con solo abrir una subsidiaria local y una oficina con dos administrativos en Puerto Madero podrá competir como componente nacional en el cupo del 20 % del RIGI.
Un piso local que ya tenía condiciones
El artículo 176 de la Ley 27.742 exige un plan de proveedores con un compromiso mínimo del 20 % del monto de inversión destinado a proveedores locales de bienes y obras y debe mantenerse durante construcción y operación, y está condicionado a la disponibilidad de oferta y a condiciones de precio y calidad.
Por lo tanto, ese 20 % no equivale a una garantía incondicional de contenido industrial argentino sobre toda la inversión anunciada. Tampoco representa una participación reservada para empresas de la provincia donde se instala el emprendimiento. Ahora esa débil garantía queda prácticamente pulverizada por un simple decreto del Gobierno que además abre una dimensión de inseguridad jurídica sobre el régimen que hasta ahora parecía blindada.
La inversión y el trabajo que queda en el país
El efecto de un proyecto que entre en el RIGI depende de las sucesivas rondas de gasto que genera. Una orden de compra a un fabricante puede sostener puestos de trabajo, activar subcontratistas y financiar herramientas. Los salarios pagados alimentan, a su vez, el consumo y otras actividades.
Cuando una parte mayor del equipamiento se importa, una porción de esa demanda impulsa producción en el exterior. La inversión puede aumentar sin provocar una expansión proporcional de la industria local. La magnitud de ese efecto depende de la composición de las compras, la capacidad ociosa y las vinculaciones efectivas entre empresas.
La nacionalidad de los accionistas, por sí sola, no resuelve esa cuenta. Una filial extranjera que produce, desarrolla ingeniería y contrata trabajadores argentinos puede generar aportes importantes. Una empresa de capital nacional que solo comercializa bienes importados puede dejar una integración menor. Una política industrial necesita examinar ambos aspectos.
El control del capital también importa. Influye sobre las decisiones de abastecimiento, el destino de las utilidades y la localización del desarrollo tecnológico. Eliminar ese criterio sin reemplazarlo por compromisos productivos más exigentes debilita la orientación industrial del régimen.
Qué muestran las importaciones
Un relevamiento de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), divulgado en noviembre, ya encendió las luces de alarma (y aún no se habían decretado los cambios) identificó importaciones RIGI por US$542,2 millones acumuladas hasta septiembre. De ese universo, US$362,7 millones correspondían a posiciones arancelarias que también registran producción argentina.
El impacto sobre los proveedores de Mendoza
La discusión toca directamente la estrategia provincial. El 29 de octubre, Mendoza participó en Rosario de una ronda de negocios orientada a integrar proveedores a los proyectos RIGI. Hubo presencia del clúster de minería y energía de Cuyo y de firmas mendocinas.
Para esas empresas, conseguir un contacto comercial es apenas un paso. Deben disponer de capital de trabajo, garantías, capacidad técnica y tiempo para adecuarse a las exigencias del comprador. Frente a una filial que ya participa en una cadena internacional, esas diferencias pueden pesar tanto como el precio.
La supuesta igualdad entre oferentes puede reproducir desigualdades previas: una firma con respaldo financiero de su casa matriz y una pyme que debe financiar una ampliación no enfrentan el mismo costo ni el mismo riesgo.
Qué debería exigir una política industrial
El Gobierno justifica la reforma por la integración de empresas radicadas y la ampliación de la concurrencia. Sin embargo, la explicación parece ser otra, la necesidad de dólares y acelerar la inversión y puesta en marcha de los proyectos aprobados y quizás también el enojo del Gobierno con alguna de las empresas nacionales que por capacidad y competencia vienen ganando varios de los concursos y licitaciones que se vienen realizando dentro de los proyectos RIGI en materia energética.
De cualquier manera, la única realidad es que el gobierno de Javier Milei propinó un nuevo golpe a la industria argentina.
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