La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó, una vez más, al Ministerio de Economía una extensa agenda de reclamos vinculados con los costos de producción, la presión tributaria, el financiamiento y las condiciones de competencia. Pero el encuentro concluyó, también una vez más, sin compromisos concretos del Gobierno sobre las medidas solicitadas.
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La UIA llevó 38 reclamos a Economía y volvió sin definiciones del Gobierno nacional
La UIA llevó a Economía 38 reclamos por impuestos, crédito, energía y competencia. Los industriales volvieron a retirarse sin respuestas concretas del Gobierno.
El encuentro del martes dejó dos lecturas. Desde el plano institucional, la central fabril destacó la receptividad de los funcionarios y la posibilidad de mantener abierto el intercambio. Entre algunos de los empresarios que participaron del encuentro, en cambio, predominó una evaluación más cautelosa: esperaban definiciones sobre propuestas específicas y esas respuestas no llegaron y, como planteó alguno de los participantes, muy probablemente nunca lleguen.
La delegación encabezada por Martín Rappallini se reunió con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos. Por la UIA participaron también David Uriburu, Rodrigo Pérez Graziano, Eduardo Nougués y Laura Bermúdez.
Los nombres del Ministerio de Economía que recibieron a la delegación industrial y que el encuentro se haya realizado cuando el ministro de Economía está en el centro financiero internacional parecen la confirmación de que, para Economía, el documento con 38 puntos que reúne buena parte de las principales preocupaciones del sector industrial no es una prioridad en la agenda económica del Gobierno de Javier Milei.
El costo de sostener la producción
La agenda industrial abarca problemas que afectan distintas etapas de la actividad empresarial. La caída de las ventas reduce los ingresos, el costo financiero limita las posibilidades de cubrir obligaciones y sostener capital de trabajo, mientras que el encarecimiento de la energía presiona sobre los costos de funcionamiento de las plantas.
Los representantes de la UIA pusieron especial énfasis en la situación de las pequeñas y medianas empresas, para las que reclamaron mejores condiciones de acceso al crédito y distintas herramientas de alivio fiscal.
Entre las propuestas planteadas figura ampliar la posibilidad de computar el impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del IVA y de Ganancias. También se solicitó una reducción de la tasa correspondiente al plan de pagos de ARCA, actualmente ubicada en 2,75%, junto con medidas tributarias destinadas a favorecer la actividad de la construcción.
Por ahora, esos pedidos permanecen bajo análisis y no se tradujeron en anuncios concretos derivados de la reunión.
La cuestión energética ocupó otro capítulo relevante. La UIA sostuvo que determinados grandes usuarios abastecidos por distribuidoras recibieron aumentos de entre 90% y 100% en el costo básico de la energía. El planteo se refiere específicamente a ese universo de empresas y no implica que esa magnitud de incremento se haya registrado de manera generalizada en todas las tarifas industriales.
Frente a ese escenario, los dirigentes solicitaron mecanismos de financiamiento que permitan afrontar las facturas sin comprometer el flujo de fondos de las compañías.
Impuestos, liquidez y acceso al crédito
Una parte importante de los reclamos está directamente relacionada con la liquidez empresarial. La UIA volvió a plantear la posibilidad de suspender los embargos fiscales durante 180 días, diferir el pago del IVA para actividades estacionales y acelerar la devolución de saldos tributarios a favor de las empresas.
El objetivo de estas iniciativas es modificar los tiempos y costos asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales en momentos en que parte del aparato productivo enfrenta menores niveles de ventas y dificultades para acceder al financiamiento.
La combinación de crédito caro, presión tributaria y mayores costos operativos se ha convertido en uno de los principales ejes de las conversaciones entre el sector industrial y el Gobierno. Para las empresas más pequeñas, con menor capacidad para conseguir financiamiento y absorber variaciones de costos, esas dificultades adquieren una dimensión particularmente sensible.
La preocupación no pasa únicamente por la presión nominal de los impuestos, sino también por los plazos, las tasas aplicadas a los planes de regularización y los mecanismos para recuperar créditos fiscales que las compañías ya tienen a su favor.
Competencia y controles
La agenda presentada ante Economía incluyó además reclamos para fortalecer los controles contra el contrabando y las prácticas de competencia desleal.
Para la UIA, las condiciones de competencia forman parte de un problema más amplio que involucra simultáneamente los costos internos de producción, la carga tributaria, el acceso al financiamiento y la presión de determinados productos que ingresan al mercado en condiciones que los industriales consideran desfavorables para la producción local.
Durante la reunión, los funcionarios expresaron disposición a estudiar algunas de las iniciativas, aunque señalaron las restricciones fiscales como uno de los condicionantes para avanzar.
Ese límite atraviesa buena parte de las propuestas. Varias de las medidas reclamadas por los industriales suponen reducción, diferimiento o modificación de obligaciones tributarias, algo que el Gobierno no parece dispuesto a tocar.