La Justicia de Estados Unidos autorizó al fondo Titan Consortium a iniciar la búsqueda de activos comerciales de la Argentina en el exterior y solicitar eventuales embargos para intentar cobrar una sentencia por 390,9 millones de dólares, derivada de la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
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La Justicia de EE.UU. habilitó un fondo buitre sobre activos argentinos por 390 millones de dólares
Titan Consortium a iniciar la búsqueda de activos comerciales de la Argentina en el exterior. Solicitarán embargos para intentar cobrar una sentencia vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La decisión fue adoptada por Jia Cobb, jueza de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, quien habilitó a los demandantes a comenzar el proceso a partir de este lunes 28 de septiembre. La orden está fechada el viernes 25 y fue publicada en el sitio web de la Cámara de Apelaciones.
El aval judicial representa un nuevo paso en el proceso iniciado por Titan para hacer efectivo el cobro de la condena contra la Argentina. La autorización permite avanzar en la identificación de bienes y activos comerciales argentinos que puedan quedar sujetos a medidas de ejecución, aunque la eventual concreción de un embargo dependerá de los procedimientos que correspondan en cada jurisdicción.
La novedad fue informada por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue los procesos judiciales contra la Argentina en el exterior. Según explicó, Titan tiene registrado el caso en tribunales de Columbia y Nueva York, aunque los pedidos de embargo no necesariamente deberán tramitarse ante esas mismas instancias.
La jueza consideró que Argentina no avanzó con el pago
Al fundamentar su decisión, Cobb sostuvo que había transcurrido un período prudencial desde la orden de pago y el pedido de Titan para iniciar la búsqueda de activos y avanzar con medidas de ejecución. En el documento, la magistrada señaló que habían transcurrido 21 meses desde la orden de pago y sostuvo que, aparentemente, la Argentina no había realizado esfuerzos para cancelar la sentencia.
La autorización se produce después de que la Justicia estadounidense reconociera la obligación de pago y de que la Argentina agotara una instancia de apelación relacionada con el plazo de prescripción aplicable al reclamo.
Una condena vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas
El origen del caso se encuentra en el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. El reclamo comenzó con una demanda presentada por el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando ambas compañías fueron expropiadas por el Estado argentino en 2008.
Posteriormente, los derechos vinculados con el reclamo fueron transferidos al fondo Burford Capital, que también intervino en el litigio relacionado con la expropiación de YPF. Más tarde, esos derechos quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 busca hacer efectivo el cobro en los tribunales estadounidenses.
El CIADI emitió en 2017 un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó posteriormente anularlo, pero el tribunal arbitral rechazó ese pedido en 2019.
Estados Unidos reconoció la sentencia por 390,9 millones de dólares
El siguiente capítulo se produjo en diciembre de 2024, cuando la Justicia de Estados Unidos reconoció la sentencia y ordenó a la Argentina pagar 390,9 millones de dólares más intereses. En 2025, la República Argentina apeló la decisión y planteó que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años, frente a los 12 años establecidos en primera instancia.
El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó que correspondía aplicar el plazo de 12 años. Además, fijó como monto ejecutable US$390.907.115,55, correspondiente al monto original de la sentencia.
Qué puede ocurrir ahora con los activos argentinos
Con la nueva autorización, Titan Consortium podrá comenzar a identificar activos comerciales de la Argentina en el exterior y solicitar medidas de embargo con el objetivo de ejecutar la sentencia.
La medida no implica que todos los activos argentinos en el extranjero queden automáticamente embargados. La posibilidad de afectar determinados bienes dependerá de su naturaleza, su titularidad, su uso y las reglas de inmunidad soberana y ejecución aplicables en cada jurisdicción.