La inflación se estanca cerca del 2% mensual, el empleo asalariado cae en 370.000 puestos y las pymes sufren: ¿estuvo mal diseñado el plan económico?
La inflación se estanca en el 2% y los datos de la economía general tampoco mejoran
La inflación de septiembre fue del 1,9%, acumuló un 23,6% durante los primeros nueve meses del año y alcanzó el 33,4% interanual. Al mismo tiempo, los datos del empleo registrado muestran que, desde noviembre de 2023, desaparecieron alrededor de 370.000 puestos de trabajo asalariado, según las cifras analizadas por el especialista Luis Campos.
Son dos indicadores que, observados conjuntamente, permiten formular una pregunta que empieza a resultar incómoda para el gobierno de Javier Milei: ¿y si el plan económico estaba mal hecho?
No se trata de desconocer que la inflación descendió desde los niveles descontrolados que recibió el actual Gobierno. Tampoco de reivindicar una gestión anterior que terminó con una inflación anual superior al 200%. Esa discusión corresponde a otro momento.
La cuestión es bastante más concreta. Después de casi tres años de aplicación de un programa económico que hizo de la estabilidad monetaria su principal bandera, la inflación continúa siendo elevada, el empleo asalariado retrocede y el aparato productivo muestra señales de debilitamiento.
La Argentina consiguió reducir considerablemente la velocidad a la que aumentan los precios. Lo que todavía no consiguió demostrar es que ese resultado pueda convivir con una economía que genere empleo, mejore los ingresos y fortalezca su capacidad productiva.
Y esta diferencia es fundamental: bajar la inflación no equivale necesariamente a mejorar la economía.
Durante buena parte de su gestión, Milei sostuvo que la eliminación de la emisión monetaria permitiría terminar con la inflación después de un determinado período. Los plazos anunciados fueron cambiando, pero el argumento central permaneció: una vez agotados los efectos de la expansión monetaria anterior, los aumentos de precios tenderían a desaparecer.
Sin embargo, los resultados muestran una realidad bastante más compleja. La inflación de septiembre volvió a acelerarse desde el 1,7% de agosto hasta el 1,9%. Durante los últimos meses, el índice osciló alrededor del 2%, sin conseguir consolidar una trayectoria descendente que permita acercarse rápidamente a cero.
La reducción respecto de diciembre de 2023 es indiscutible. Pero una inflación anual del 33,4% sigue siendo alta para los parámetros internacionales, aunque la historia económica argentina haya acostumbrado a considerarla relativamente manejable.
Y también representa una distancia considerable respecto de las promesas presidenciales.
El problema es que Milei construyó buena parte de la legitimidad de su programa sobre una interpretación esencialmente monetaria de la inflación. Según esa visión, controlar la cantidad de dinero constituía la condición determinante para terminar con el fenómeno.
La experiencia de estos casi tres años vuelve a poner sobre la mesa factores que ese enfoque tiende a minimizar: los precios relativos, los componentes inerciales, los servicios regulados, los costos de producción y las expectativas económicas.
La inflación no desapareció porque la economía es más compleja que una relación mecánica entre cantidad de dinero y nivel de precios. Y mientras esa discusión teórica continúa, las consecuencias concretas del programa se acumulan.
Hay una segunda lectura del informe del INDEC que resulta incluso más reveladora que el índice general. En septiembre, los aumentos más importantes se concentraron precisamente en los rubros que las familias difícilmente pueden dejar de pagar: vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 3,1%; educación, 3%; comunicaciones, 2,5%; y salud, 2,4%. Todos quedaron por encima del promedio general.
Estos números ayudan a explicar una aparente contradicción que aparece diariamente en los hogares argentinos: la inflación bajó, pero llegar a fin de mes continúa siendo extremadamente difícil.
La razón es que la desaceleración de la inflación no significa que los precios retrocedan. Significa que siguen aumentando, aunque a menor velocidad.
Pero además, durante estos años, se produjo una modificación profunda en la estructura de gastos de las familias. Las tarifas de los servicios públicos, las comunicaciones, la educación privada y la medicina prepaga ganaron peso dentro de los presupuestos domésticos.
Una familia puede restringir las salidas, postergar la compra de ropa, cancelar unas vacaciones o reducir otros consumos. Lo que difícilmente pueda hacer es dejar de pagar la electricidad, el gas, el agua o los gastos indispensables de salud y educación.
Esta transformación tiene una consecuencia económica directa: se reduce el ingreso disponible para consumir otros bienes y servicios.
Es dinero que deja de llegar a los comercios, a los restaurantes, a los pequeños fabricantes y a buena parte de las actividades que dependen del mercado interno.
Por eso, el fenómeno no puede evaluarse exclusivamente desde el índice de precios. También es necesario observar cómo se distribuye el ingreso y cuánto dinero conserva efectivamente una familia después de afrontar sus gastos indispensables.
El Gobierno puede exhibir una inflación mucho menor que la heredada, pero ese logro no alcanza por sí mismo para recuperar la capacidad de consumo.
La evolución del mercado de trabajo agrega una dimensión todavía más preocupante. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, analizados por Luis Campos, julio volvió a mostrar una reducción del empleo registrado. Según las cifras citadas en su análisis, el empleo asalariado privado retrocedió 12.716 puestos respecto de junio, mientras que el empleo asalariado, considerando sus distintas modalidades, registró una caída neta de alrededor de 8.085 puestos.
La perspectiva histórica resulta más contundente: desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, la pérdida acumulada de empleo asalariado ronda los 370.000 puestos.
Es un dato que obliga a mirar la película completa y no solamente el fotograma que conviene destacar.
Porque un programa económico no puede evaluarse exclusivamente por su capacidad para reducir la inflación si, simultáneamente, deteriora uno de los principales mecanismos de distribución del ingreso: el trabajo asalariado.
El Gobierno suele contraponer a estas cifras el crecimiento del monotributo y de otras modalidades de ocupación. En el período considerado, el número de monotributistas aumentó en aproximadamente 177.000.
Pero ambos fenómenos no son necesariamente equivalentes. Un puesto asalariado registrado supone, generalmente, ingresos regulares, aportes previsionales, vacaciones, cobertura de salud y protección laboral. La inscripción como monotributista no garantiza ninguna de esas condiciones en términos comparables.
Puede representar una actividad independiente genuina y rentable, pero también puede reflejar la necesidad de encontrar alguna fuente de ingresos después de perder un empleo formal.
El avance de las plataformas de reparto y transporte, junto con diferentes modalidades de autoempleo, forma parte de esta transformación. El interrogante no es solamente cuántas personas trabajan. También importa en qué condiciones trabajan, cuánto ganan y qué estabilidad tienen sus ingresos.
La disminución del empleo asalariado y el crecimiento del trabajo independiente de menores ingresos pueden sostener parcialmente los indicadores generales de ocupación mientras empeora la calidad del mercado laboral.
Esa distinción es decisiva para comprender el alcance social del programa económico.
El deterioro del mercado laboral y la pérdida de capacidad de consumo tienen su contrapartida en las pequeñas y medianas empresas.
A la debilidad de las ventas se suman el aumento de los costos de los servicios públicos, las tasas de interés elevadas y la competencia de productos importados, especialmente en actividades industriales y comerciales que dependen de la demanda interna.
La apertura importadora y el tipo de cambio plantean otro conflicto. Mientras los consumidores pueden acceder a determinados productos extranjeros a precios más competitivos, numerosas empresas nacionales enfrentan dificultades para sostener sus estructuras productivas.
La competencia internacional puede contribuir a contener precios y mejorar la oferta. Pero cuando se combina con un mercado interno debilitado, costos financieros elevados y pérdida de empleo industrial, también puede acelerar el cierre de establecimientos.
En ese contexto aparece otro problema: la presión recaudatoria de ARCA sobre las empresas con dificultades financieras. Según datos relevados por estudios contables a partir de los registros del BCRA entre enero y agosto de 2026, se trabaron 135.744 medidas de embargo sobre personas jurídicas, un 52% más que durante el mismo período del año anterior.
El dato es particularmente significativo porque los embargos pueden comprometer la liquidez que una empresa necesita para pagar salarios, proveedores e impuestos.
Desde el ámbito profesional contable también surgieron denuncias sobre la rapidez con que se impulsan ejecuciones fiscales. Uno de los casos difundidos describe a una pyme que, después de atrasarse apenas 11 días hábiles en una obligación impositiva de 17 millones de pesos, recibió una demanda judicial con los correspondientes intereses y costos legales.
Nadie puede discutir seriamente que los impuestos deben pagarse. Sin embargo, la política tributaria también debería distinguir entre una empresa que evade deliberadamente y otra que atraviesa dificultades transitorias para cumplir sus obligaciones.
La paradoja es evidente. El mismo Gobierno que promueve mecanismos de regularización de grandes patrimonios mantiene una política de cobro que puede resultar particularmente severa para pequeños contribuyentes.
Una economía productiva necesita reglas tributarias claras y cumplimiento fiscal, pero también instrumentos que permitan preservar empresas viables durante períodos de dificultades. Una pyme que cierra no solamente deja de pagar impuestos. También destruye empleo, capacidad productiva y futuras fuentes de recaudación.
La combinación de estos factores plantea un interrogante adicional: ¿puede sostenerse una estabilización económica si el mercado interno continúa debilitándose?
La caída del empleo asalariado reduce los ingresos de los hogares. La mayor participación de los gastos fijos limita el consumo. Las menores ventas afectan a las empresas, que postergan inversiones, reducen producción y eventualmente disminuyen sus plantillas.
Se configura así un círculo de retroalimentación negativa entre empleo, ingresos, consumo y actividad productiva.
Esto no permite afirmar automáticamente que la economía ya esté atravesando una recesión técnica, que requiere examinar la evolución de la actividad durante varios períodos. Pero sí explica por qué las señales de enfriamiento deben analizarse con especial atención.
El problema del programa económico no es solamente cuánto consigue reducir la inflación, sino qué estructura económica queda después del ajuste.
Y aquí aparece una discusión más profunda sobre el papel de la política económica.
Si la estabilización termina descansando principalmente en la contracción de la demanda, la pérdida de poder adquisitivo y el debilitamiento del mercado interno, existe el riesgo de alcanzar un equilibrio de precios relativo acompañado por una economía menos dinámica y una sociedad con menor capacidad de consumo.
En otras palabras, se puede conseguir cierta estabilidad nominal sin construir las condiciones para un crecimiento económico sostenido.
Milei llegó al poder con la promesa de corregir desequilibrios que la Argentina arrastraba desde hacía décadas. La inflación superior al 200%, el déficit fiscal y las distorsiones de precios constituían problemas reales que exigían respuestas.
La discusión ya no consiste en determinar si esos problemas existían. Consiste en evaluar si las soluciones elegidas están produciendo los resultados económicos y sociales prometidos.
La inflación descendió, pero parece haber encontrado una resistencia alrededor del 2% mensual. El empleo asalariado retrocedió. Las familias destinan una proporción creciente de sus ingresos a gastos indispensables. Y las pequeñas empresas enfrentan un escenario de escasas ventas, costos elevados y dificultades financieras.
El Gobierno puede argumentar que se trata de los costos inevitables de una transformación estructural y que los beneficios aparecerán posteriormente. Pero después de casi tres años de gestión, esa explicación empieza a resultar insuficiente.
Un programa económico también debe medirse por su capacidad para generar empleo de calidad, mejorar los ingresos y sostener un entramado productivo competitivo. La estabilización es una condición importante para el crecimiento, pero no constituye por sí sola una estrategia de desarrollo.
Y cuanto más tiempo transcurre sin que sus beneficios alcancen de manera consistente a trabajadores, jubilados, consumidores y pequeñas empresas, más necesario resulta revisar las decisiones adoptadas.
Porque la pregunta ya no es si Milei consiguió bajar la inflación respecto del desastre que recibió. Eso está fuera de discusión.
La pregunta que corresponde hacer, y que probablemente ocupará un lugar cada vez más importante en el debate económico, es bastante más incómoda: ¿Y si el problema no está en que todavía falta aplicar una parte del plan, sino en que el propio diseño del plan económico estaba equivocado?
