El 71% de los estadounidenses rechaza la instalación de un centro de datos para inteligencia artificial en su zona, según un reciente trabajo Gallup. El 3 de noviembre, junto con las elecciones legislativas, ciudadanos de ocho estados votarán por sí o por no a 34 medidas restrictivas relacionadas con estas instalaciones. Mientras esa resistencia obliga a demócratas y republicanos a revisar sus posiciones de cara a los comicios, Javier Milei, embanderado con Donald Trump, ofrece beneficios fiscales y el compromiso de no regular preventivamente la IA.
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Centros de datos de IA: Estados Unidos los discute en las urnas y Milei los ofrece sin regulación
Mientras el 71% de los estadounidenses rechaza los centros de datos de IA, Milei ofrece beneficios fiscales y promete no regular. ¿Quién paga la cuenta?
El contraste revela la discusión global sobre el desarrollo. En Estados Unidos, la expansión digital enfrenta cuestionamientos por electricidad, agua, subsidios y participación ciudadana. En la Argentina, el Gobierno presenta la energía, los minerales y el territorio como ventajas para atraer inversiones, mientras siguen pendientes definiciones específicas sobre sus costos y responsabilidades.
Quién paga la expansión tecnológica
Los centros de datos alojan equipos que sostienen servicios digitales y procesan información. Su crecimiento, acelerado por la IA, demanda electricidad y refrigeración en niveles poco conocidos hasta ahora.
El trabajo de Gallup muestra que el tema cierra disidencias y encontró mayorías contrarias a su instalación entre demócratas, republicanos e independientes. El sondeo identificó preocupaciones por el consumo de recursos, la contaminación, el ruido y posibles aumentos de tarifas.
La oposición plantea una disputa distributiva: quién obtiene las ganancias y quién paga los costos. Los promotores destacan inversión, recaudación y empleo. Los críticos cuestionan las exenciones fiscales y la diferencia entre los puestos temporales de construcción y los permanentes.
No toda suba de electricidad puede atribuirse a estas instalaciones. Pero el temor a que los hogares financien las redes necesarias para abastecerlas ya ocupa un lugar central en la discusión política de los Estados Unidos a días de las elecciones.
Un conflicto que cruza los partidos
Ohio muestra cómo una disputa territorial llega a una elección nacional. En Defiance, vecinos reunieron firmas para votar una prohibición de todos salvo los centros más pequeños, incluso antes de que una empresa anunciara un proyecto. El municipio dispuso una moratoria de seis meses.
Según Reuters, Ohio dejó de recaudar más de US$2.000 millones durante 2024 y 2025 por incentivos al sector. El demócrata Sherrod Brown cuestiona el apoyo del republicano Jon Husted a esas inversiones en la disputa por un escaño del Senado. Husted responde que impulsa obligaciones para que las empresas paguen la infraestructura eléctrica requerida.
En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott pasó de promover al estado como polo de IA a reclamar restricciones y revisar incentivos. La reacción ciudadana obliga a dirigentes de su partido a distanciarse del entusiasmo de Donald Trump.
Wisconsin exhibe otra combinación: el republicano Tom Tiffany ataca al demócrata David Crowley por su vínculo con estos proyectos y propone retirar una exención fiscal. Crowley exige protección de tarifas y control comunitario, sin comprometerse a eliminar todos los incentivos.
La división también atraviesa las coaliciones políticas. Los sindicatos interesados en los empleos de construcción pueden respaldar proyectos que organizaciones ambientales y vecinos rechazan. La discusión obliga a los candidatos a conciliar intereses que el anuncio de una inversión parecía reunir automáticamente.
La apertura que promete Milei
El 24 de septiembre, ante el Economic Club de Nueva York, Milei definió su posición: “Frente a la inteligencia artificial no vamos a regular”. Vinculó esa orientación con Vaca Muerta, los minerales críticos, el talento argentino y las bajas temperaturas patagónicas.
El Presidente anunció un marco que combinaría ausencia de regulación preventiva, responsabilidad limitada para empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales. Busca convertir al país en un destino competitivo para el capital tecnológico.
Esa apertura requiere una precisión: la falta de normas específicas para megacentros de datos no elimina las obligaciones ambientales generales. La Ley General del Ambiente exige evaluación previa para actividades susceptibles de afectar significativamente el ambiente o la calidad de vida, y contempla participación ciudadana. El problema es qué condiciones adicionales se establecerán y la ausencia de regulación específica en cuestiones decisivas: consumo de agua, abastecimiento eléctrico, costos de conexión, información pública y responsabilidades ante daños. Presentar la desregulación como atractivo inversor no responde esas preguntas.
Anuncios, obras y beneficios
El caso emblemático es Stargate Argentina. El 10 de octubre de 2025, el Gobierno difundió una carta de intención entre OpenAI y Sur Energy para explorar un centro de hasta 500 megavatios, con una inversión potencial de US$25.000 millones.
Un año después, no se registraron avances de construcción ni inversiones concretas, tampoco una presentación formal al RIGI. OpenAI explicó que sería un posible comprador de capacidad de computación, condicionado al desarrollo liderado por la argentina Sur Energy que al parecer ya se bajo de un anunció que fue puro humo libertario.
El Gobierno asegura que las empresas muestran interés por invertir en la Patagonia, pero no explica cómo se removerán los obstáculos de conectividad e infraestructura y mucho menos cómo se controlará. El frío y los recursos energéticos aportan ventajas; no garantizan la viabilidad de los proyectos.
Una discusión que puede anticiparse
La resistencia estadounidense ya modifica campañas, aunque su impacto sobre el voto sigue abierto. De las 34 consultas previstas para noviembre, 31 surgieron de peticiones ciudadanas. Muchas restricciones son municipales, no prohibiciones estatales generales.
Para la Argentina, esa experiencia abre el debate sobre empleo permanente, proveedores locales, recaudación efectiva y recursos comprometidos.
Milei apuesta a la apertura para atraer inversiones. La discusión estadounidense muestra que recibirlas exige negociar condiciones y distribuir responsabilidades. Antes de ofrecer la falta de regulación específica como ventaja competitiva, la Argentina necesita establecer qué quedará en el territorio y quién asumirá los costos. El tamaño de los anuncios no reemplaza esa cuenta.