San Rafael: así truchaban certificados para obtener pensiones de invalidez

Cómo estafaba Norma Bravo

Bravo usaba los servicios de empleadas administrativas del Hospital Schestakow, que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral, se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por tres reconocidos médicos, dos de ellos traumatólogos (que también trabajan en la Policlínica de este departamento) y uno psiquiatra.

El tema es que ni siquiera evaluaban a los pacientes, pero igualmente firmaban los certificados, en donde o se inventaba patologías o aumentaban los porcentajes de discapacidad de aquellos pacientes que no llegaran al mínimo requerido para hacerse benéficas de una pensión. Claro, todo a cambio de un porcentaje de los cobros que la principal investigada realizaba.

La verdad es que las autoridades del Hospital Público Teodoro Schestakow y la Policlínica, desconocían en absoluto la actividad ilícita que estas personas realizaban, ya que se manejaban de manera independiente.

Es que la modalidad de trabajo de Bravo era reunirse en las inmediaciones de las oficinas de ANSES, en donde pactaba el punto de encuentro con sus clientes, lo que también le servía para captar nuevos clientes en el lugar y así iniciar los trámites de pensión. Esta mujer, era asesorada por dos abogados, quienes le señalaban como debía entrevistarse con las personas para evitar levantar sospechas del delito de defraudación que cometía.

También, “mamá Norma”, como muchos de sus clientes la conocían por mostrarse una mujer amable y carismática, contaba con un grupo de personas que se encargaban de buscar a gente que no tuvieran un trabajo o no estén registrados como empleados, para presentárselos a Norma para que les tramite una pensión, todo esto, a cambio de un porcentaje del dinero que Norma les cobraba.

El plexo probatorio reunido gracias a la Policía Federal fue suficiente para que la Fiscalía pudiera presentárselo al magistrado, solicitando un total de once allanamientos y la detención e imputación de nueve integrantes de la Asociación Ilícita por resultar parte del delito por Defraudación a la Administración Pública y Asociación Ilícita.

Luego de evaluar las pruebas presentadas por el Fiscal, el Juez Federal ordenó los allanamientos y las detenciones requeridas, lo que derivó en la obtención de importantes pruebas, tales como el secuestro documentación, de los teléfonos celulares de los imputados, notebooks, computadoras y una suma de mas de medio millón de pesos.

Se calcula que la defraudación se trataría de una suma de dinero millonaria para las arcas del Estado.

Todo esto, fue el resultado de un importante trabajo en conjunto que realizó la Fiscalía Federal junto con la Policía Federal, para la obtención de las pruebas necesarias, las que sirvieron para que el Juzgado Federal las evaluara y ordenara de manera.