Cámaras de Comercio de General Alvear y San Rafael se expresaron sobre el bono de la Nación
La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear quiere expresar una profunda preocupación por la obligatoriedad del pago a los empleados de una suma fija que anunció el Ministerio de Economía de la Nación y recuerda que el ámbito natural donde se deben ajustar los salarios de los trabajadores son las paritarias y no por imposición del Estado.
Nuevamente las alicaídas empresas, en la gran mayoría pequeñas y medianas, deben pagar los platos rotos de una economía desordenada, con alta inflación y una recesión que amenaza el consumo de manera creciente.
Además, la decisión unilateral del gobierno nacional no hace más que entrometerse en la actividad privada y agudiza las pérdidas que ya se vienen soportando.
Desde la entidad no desconocemos en absoluto la situación de los empleados, sin embargo también es preciso remarcar que la cuestionada medida, de nada sirve si es pan para hoy y hambre para mañana, ya que pone en riesgo a las empresas y al mismo tiempo las fuentes laborales que tanto cuesta sostener.
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael rechazamos enérgicamente la obligatoriedad que impone el Ejecutivo Nacional respecto al bono preelectoral anunciado por el Ministerio de Economía.
No escapa a la situación actual que un aumento generalizado de precios es producto de una emisión descontrolada, un déficit fiscal importante y un crecimiento desmedido del gasto público, que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. En este contexto, lo paradojal es que el propio Estado Nacional pretende aportar una solución de “parche”, que fricciona contra la naturaleza propia del vínculo laboral forjado por los gremios de empleadores y trabajadores.
Este tipo de imposición, distorsiona y deteriora la relación. A su vez, formatea un estilo de acción que oscurece la autonomía de las partes.
En concreto:
1. Afecta la dinámica de recomposición salarial en sectores que se encuentran en plenas negociaciones de paritarias. Son las partes quienes debe arbitrar los efectos y consecuencias del impacto inflacionario, y en conjunto dirimir y adecuar un salario digno.
2. Es una nueva imposición del Poder Central en la actividad privada, fuera de cualquier marco normativo constitucional, siendo que no tiene potestad para obligar a las empresas a erogar y abonar dicho bono.
3. No contempla que hay empresas -especialmente las pymes- a las que les resultará muy complejo poder asumir el pago del mismo y, ante la situación de emergencia económica, les será dificultoso trasladarlo asus costos.
4. No queremos que el Estado Nacional nos dicte normativas como las indicadas -más allá de autorizar la compensación con las contribuciones patronales-, porque están fuera de las discusiones de los Convenios Colectivos de Trabajos Vigentes.
5. Además, esta medida improvisada no contempla las realidades sectoriales y regionales, afectando de mayor manera al sector privado de economías como la nuestra, y al más amplio federalismo que impone nuestra Constitución Nacional.
Desde nuestra institución consideramos a este bono como una medida arbitraria, que atenta contra la ya compleja situación del sector privado y profundiza aún más el difícil escenario económico actual, afectando gravemente a las pymes y comercios más pequeños.
Nuestra entidad es consciente del deterioro del poder adquisitivo, pero proponemos una discusión amplia en el seno de las Paritarias de cada sector y, de no arribar a un acuerdo homologado y resultar exigible, dicho régimen sea de carácter optativo, caso por caso, sector por sector, y que el mismo resulte de un esfuerzo compartido sin paternalismo estadual.