La Justicia imputó a dos mujeres en Malargüe en el marco de una investigación por irregularidades vinculadas al programa Enlace, iniciativa de inserción laboral impulsada por el Gobierno de Mendoza. La causa, tramitada bajo el expediente 94609/23 en la Unidad Fiscal 1 de San Rafael, fue encuadrada como tentativa de estafa y apunta a supuestas maniobras fraudulentas relacionadas con documentación presentada para acceder al beneficio.
Avanza la causa por el programa Enlace en Malargüe con la imputación a dos mujeres
La Justicia analiza falsificaciones y otras denuncias vinculadas al programa de inserción laboral en Malargüe. Quiénes son las imputadas.
Las actuaciones judiciales comenzaron a tomar forma luego de las denuncias realizadas en 2023 desde el Honorable Concejo Deliberante de Malargüe, durante la gestión del ex intendente Juan Manuel Ojeda. A partir de esas presentaciones, la Justicia avanzó con distintas medidas investigativas que en las últimas horas derivaron en la imputación de dos personas.
Imputación en Malargüe por estafas en un programa de inserción laboral
Según trascendió, las imputadas serían María Noelia Andrade y Marcela Andrea Riquelme, quienes habrían falsificado certificados de estudios de Nivel Medio correspondientes al CENS 3-512 para acceder al programa provincial durante 2022. La investigación busca determinar si existieron otras maniobras irregulares vinculadas a beneficiarios y documentación presentada ante el sistema.
Sobre el tema habló el exconcejal radical Martín Palma, quien días atrás había anticipado en una de las últimas sesiones del deliberativo local que podían surgir novedades vinculadas a causas de corrupción que estaban bajo análisis judicial.
Este martes, Martín Palma confirmó a SITIO ANDINO que esta “fue una causa que investigó” el Concejo Deliberante de Malargüe y sostuvo que se trató de “una cuestión muy delicada” sobre la que pudieron reunir elementos que posteriormente fueron elevados a la Justicia.
El dirigente agregó además que, de acuerdo a testimonios y documentación recabada durante aquella investigación, “hay cuestiones más profundas”, mencionando presuntas situaciones donde “chicos discapacitados no recibieron su dinero” y también “retornos a cuentas privadas de funcionarios que tenían cargos políticos de esa gestión”.
Finalmente, Martín Palma consideró que debería haber más implicados y reclamó que la Justicia avance más profundamente sobre las denuncias impulsadas desde el Concejo Deliberante, varias de las cuales, según afirmó, todavía esperan resolución judicial.