Poryecto de Ley

Suarez propone la creación de un Consejo para debatir y planificar políticas públicas

Este viernes ingresará a la Legislatura el proyecto de ley del Ejecutivo provincial para crear un Consejo Económico, Ambiental y Social. Se trata de la primera iniciativa presentada por el gobernador Rodolfo Suarez para este periodo de sesiones ordinarias, la cual fue uno de los principales anuncios realizados durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1° de mayo pasado.

En esa oportunidad, el mandatario provincial resaltó que el objetivo de esta entidad será "que nos permita reconocernos en las diferencias y en las coincidencias para aunar esfuerzos".

En el texto de la propuesta se aclara que el Consejo será un "órgano colegiado de carácter consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social".

El organismo estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario Técnico y hasta 42 miembros representantes de distintos sectores, tanto empresariales, sindicales, políticos, como sociales, ambientales, religiosos y universitarios, entre otros.

El presidente y el vicepresidente serán propuestos por el Ministerio de Economía y Energía y designados por decreto del Poder Ejecutivo. En tanto que los miembros del Consejo serán designados a propuesta de cada uno de los sectores representados mediante el instrumento que establezca la reglamentación de la norma. Todos los cargos tendrán un mandato de dos años, renovable por períodos de igual duración.

En concreto habrá dos representantes del Poder Legislativo, dos del Poder Ejecutivo y tendrán asientos disponibles los 8 ex gobernadores democráticos, siempre que expresen su voluntad de participar.

También habrá cinco representantes de los municipios, provenientes de los cinco oasis de la provincia. Estos son el del Río Mendoza, el del Río Tunuyán Superior, el del Río Tunuyán Inferior, el del Río Diamante y el del Río Atuel.

Las asociaciones sindicales tendrán 5 representantes, 4 del sector privado y 1 del ámbito estatal, mientras que habrá 5 integrantes de las organizaciones sindicales, uno por cada sector: industria, comercio, agrícola, desarrollo tecnológico y minería. Asimismo, también contará con una silla el sector de la denominada Economía Social.

Habrá un referente del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación y un representante de Inspecciones de Cauce.

Los distintos credos de la provincia contarán con tres representantes: uno de la Iglesia Católica, uno del Judaísmo y uno de las Iglesias Evangélicas.

Habrá un miembro por las Organizaciones de Defensa de los Consumidores, tres por las Asociaciones o Fundaciones dedicadas a la Protección del Medio Ambiente y uno proveniente del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tendrán un representante cada una y también habrá otros dos miembros de las universidades privadas de la provincia.

El funcionamiento del Consejo será a través de comisiones de trabajo y también se conformará un Plenario que reunirá a todos sus miembros cuando sea convocado para tratar diferentes iniciativas.

Tal como se señaló más arriba, este organismo tendrá un carácter consultivo y sus determinaciones no serán vinculantes. Entre sus objetivos se destaca la construcción de un canal de participación de los agentes sociales, económicos y ambientales; fomentar el diálogo y la deliberación entre estos agentes; actuar como un órgano de comunicación y de asesoramiento entre los actores; y proponer iniciativas en aras de Fomentar el desarrollo socio-económico y ambiental de la comunidad.

En el proyecto se detallan una serie de funciones que tendrá el organismo como la emisión de opinión sobre los proyectos de Ley en materia social, económica y ambiental y decretos respecto de políticas públicas.

También se encargará de elaborar informes o estudios a solicitud del Ejecutivo o por cuenta propia y propondrá programas o proyectos con impacto ambiental, social y/o económico. Asimismo, elevará anualmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, dentro de los tres primeros meses de cada año, un informe en el que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica o ambiental de la Provincia. 

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