Tenía 13 años

El caso de Ángel visibiliza lo que "viven cientos de pibes en Mendoza"

Por Florencia Rodriguez

La muerte de Ángel Suárez, el chico de 13 años que fue asesinado de un disparo en el barrio Pucará de Las Heras devela, una vez más, una serie de derechos vulnerados en una historia de vida que se replica en cientos- y por qué no miles- de niños, niñas y adolescentes de Mendoza y el país. El joven fue ultimado durante la madrugada del jueves, en la calle donde quedó tendido hasta que una vecina lo encontró y lo llevó ya sin vida hasta el Hospital Carrillo de ese departamento. Su caso, vuelve a poner en tela de debate la situación y los contextos en los que viven los menores.

A fines del 2017, el Gobierno reveló que las denuncias por maltrato infantil realizadas a la línea 102, habían incrementado entre un 10% y 15% con respecto al 2016, año en el que se registraron 16 mil llamadas. Según Silvina Mollo, titular del Programa Provincial de Prevención del Maltrato Infantil, a cargo la línea 102, la mayoría de los avisos refería a situaciones de agresión física y abuso sexual mientras que el maltrato emocional se seguía presentando. Sin embargo, y pese a los intentos de este diario, no se pudieron obtener datos actualizados sobre este mismo tema.

Lo cierto es que, en medio de este panorama, Ángel encendió nuevamente las alertas y el debate y, en cierta forma, avaló el informe que Unicef publicó hace apenas unos días en el que indicaba que el 48% de los chicos argentinos son pobres y la mitad de estos muestra "severas" privaciones de derechos fundamentales, que viven junto a un basural, en una zona inundable o padecen problemas de acceso al agua potable.

Este chico de 13 años no estaba excluido de la realidad que reflejó Unicef en su relevamiento sobre la Argentina. Derechos vulnerados y la violencia a la que viven expuestos miles de jóvenes se cobraron esta semana una vida más. "En un recorrido, vistazo rápido de la vida de Ángel, de su historia, de dónde y cómo vivía, podemos detectar fácilmente una trayectoria de violencia y derechos vulnerados", comenzó a explicar Ana Sosino, del Colectivo en lucha por los pibes y las pibas (CELPI).

Y agregó: "Un chico de familia pobre, sin acceso a derechos fundamentales como una vivienda digna, agua potable, conexiones de electricidad, gas. Vivía en una comunidad constantemente criminalizada, donde no hay acceso a la Justicia, donde el trabajo es completamente precario. Nosotros conocemos todo el tiempo historias como la de Ángel, es sólo que la de él se mediatizó y volvió a visibilizar esto que viven muchas generaciones. Por eso, esta realidad nos tiene que convocar a la sociedad y al Estado. Siempre decimos que nuestros niños/as son el futuro pero, la verdad, es que son el presente y ¿qué presente les estamos haciendo vivir? Eso nos tenemos que cuestionar".

Para Sosino, trabajadora social, los niños, niñas y adolescentes se ven más atravesados por la vulneración de derechos, a través de la pobreza que les niega el acceso a derechos básicos. "Esto tiene que interpelar al Estado en sus tres poderes, para repensar políticas serias con financiamiento para cada institución y organismo que trabaje por ellos y ellas. A partir de lo que vivenciamos, la pobreza no debe ser entendida sólo como el bajo ingreso sino como estas vulneraciones que se dan por generaciones y las organizaciones de base han estado dando respuestas pero sólo pueden ser temporarias. El trabajo de padres, madres, tutores es básico para que esta población menor pueda vivir dignamente", cerró.

Te Puede Interesar