columna política

Tribunales hierve por la detención de Nélida Rojas, de la Tupac

Las filtraciones de lo que tenía dispuesto realizar la fiscal Gabriela Chaves golpearon fuerte en la pesquisa y repercutieron en todo el edificio de los tribunales mendocinos.

La detención de la líder local de la organización kirchnerista Tupac Amaru, Nélida Rojas, de su esposo Ramón Martínez y de las hijas de ambos, Carla Antonela y Aída Leonela, hizo explotar en tribunales la conocida, grieta pero más o menos oculta hasta ahora, que divide a buena parte de los magistrados de la provincia entre los denominados garantistas, algunos militantes directos o identificados con la agrupación kirchnerista de Justicia Legítima y aquellos que no lo son.

Las filtraciones de lo que tenía dispuesto realizar la fiscal Gabriela Chaves, magistrada que investiga los movimientos de la Tupac en Mendoza desde por lo menos dos años a esta parte, golpearon fuerte en la pesquisa y repercutieron en todo el edificio de los tribunales mendocinos.

Chaves, de acuerdo con lo que ella comentó públicamente y de lo que se pudo reconstruir en base a testimonios de allegados a la magistrada, había arrancado la semana anterior con la firme decisión de avanzar a fondo en la causa, pedir la autorización para realizar una serie de 24 allanamientos y junto con eso proceder a la detención de Nélida Rojas y su familia por los delitos de "asociación ilícita" con Rojas como jefa, coacción agravada, extorsión, estafas reiteradas y usurpación en la modalidad de despojo.

Por la magnitud de los operativos que tenía en mente cumplir, Chaves entendió que debía proceder a partir del lunes 10 y fue allí, quizás, donde cometió el traspié o el error de una medida que podría terminar en fracaso por todo lo que vendría luego.

El jueves 6 de abril, con la mayoría del operativo ya planificado, la fiscal le adelantó al juzgado que estaría de turno en el arranque de semana, el Sexto Juzgado de Garantía conducido por el reconocido juez K, David Mangiafico, la autorización para hacer los 24 allanamientos junto con un equipo de investigadores policiales de su confianza.

Pero el viernes 7, alrededor de las 15, Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y sus dos hijas se presentaron espontáneamente y de "visita sorpresa" en el despacho de la fiscal, dispuestos a ponerse a disposición de la Justicia.

Ese mismo día, Chaves, que ya había dispuesto solicitar la detención del grupo que lidera la Tupac en Mendoza con los 24 allanamientos, supo que alguien le estaba jugando en contra con la intención de hacer caer la causa. Ordenó la detención de los cuatro y alrededor de las 22 de ese mismo viernes decidió cambiar de estrategia y apurar los operativos que tenía pensados para el lunes. Por teléfono pidió hablar con el magistrado de Garantía de turno y se encontró con la doctora Alejandra Mauricio. Allí supo, también, que por los antecedentes de la magistrada aparecerían nuevas trabas. Por su estilo -aquí no aparecen en principio razones políticas o ideológicas en apariencia-, Mauricio se toma su tiempo para autorizar allanamientos en las propiedades privadas. A partir de esa comunicación, Chaves y Mauricio dejaron el teléfono de lado para seguir una discusión técnica -vía correos electrónicos- que se extendió hasta cerca de las 2.30 de la madrugada del sábado 8. La conclusión fue que Chaves no convenció a Mauricio y Mauricio se negó a permitir que se realizaran los allanamientos esa misma noche, con Rojas y su familia detenida.

En medio de los correos que iban y venían entre la fiscal y la jueza, Chaves ya había pedido que se investigara la filtración de los operativos que quedaron truncos. Esa causa paralela ha recaído en manos de la fiscal de Capital, Cecilia Bignert, quien intentará determinar identificar al o los culpables de la filtración de los datos y que creen pueden estar en el Sexto Juzgado de Garantía de Mangiafico, quién a su vez está de licencia, pero que es subrogado por Érica Sánchez.

Los allanamientos no se realizaron todavía. Tampoco se podrían concretar bajo el control del Sexto de Garantía por obvias razones, con lo que la nueva estrategia de Chaves apunta a que cambie el turno del juzgado para obtener un procedimiento más confiable.

Mientras, la fiscal ocupó buena parte de la tarde de este lunes en tomar declaraciones avanzando en su larga investigación. Por su despacho desfilaron directivos, funcionarios y algunos empleados del Banco Nación de Lavalle, entidad por donde pasó buena parte del dinero que usaba la Tupac para construir las viviendas sociales que se repartían entre los integrantes y socios de la cooperativa comandada por Rojas, su esposo y sus dos hijas. Sobre el resultado de estos interrogatorios, cuentan que la fiscal ha obtenido buena predisposición y que está reunido información clave que va en la dirección de los delitos que cree se cometieron desde la Tupac.

El escándalo suscitado amenaza con extenderse por buena parte del Poder Judicial mendocino, atravesado por la sorda confrontación entre garantistas K, algunos de ellos miembros algunos de Justicia Legítima y los que tomaron distancia por cuestiones ideológicas y/o por razones puramente jurídicas o de interpretación técnica. Por lo que fuera, todo un manto de sospechas e intrigas comienza a cubrir a la Justicia mendocina.

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