Pérez corre el serio riesgo de quedarse a mitad de camino, porque las salidas al complejísimo asunto que cada tanto se hace visible porque siempre está latente no pasan sólo por el costado represivo del delito, sino también por un paquete de acciones integrales, que involucren a todos sus ministerios y áreas de gobierno y por donde, seguramente, le caerán con pedidos de rendiciones de cuenta en breve.
Las respuestas al delito pasan también por un plan de acción fuerte, sostenido en el tiempo, con políticas de corto, mediano y largo plazo en todo sentido, en donde sus ministros de Desarrollo Social, de Economía y de Educación, y no sólo Seguridad, salgan a la cancha a jugar un rol determinante. A su administración le hace falta dar un giro brusco en ese sentido. Quizás lo haya analizado y esté evaluando esa etapa, hoy carente en la batería de anuncios que ha hecho. Pero a la actitud represiva de parte del Estado, con ejércitos de policías en las calles o en los barrios bravos en donde se cree que se refugia la delincuencia, con fiscales activos y comprometidos hasta el tuétano con las investigaciones, sólo se responde para la superficie y a una parte del problema.
Abordar el fondo es mucho más trabajoso, con apuestas a largo plazo que hoy se dejan de lado por medidas más urgentes y de resultado más estruendoso pero que no siempre son las más indicadas. Aunque sí, es cierto, las más demandadas para ese núcleo duro de mendocinos que cree en la militarización al extremo, en las acciones que todos llaman de mano dura y en la que se cree, sin resultados científicos que lo respalden, que hacen ceder el flagelo.
El gobernador camina en el sentido en el que lo está haciendo el Gobierno nacional, golpeado por los resultados electorales adversos, y que lo ha hecho cambiar de discurso de un día para otro apostando a una salida que le dé oxígeno y lo revincule en parte con la sociedad que le está dando la espalda.
Pérez cumplió con su promesa de reunirse con el Poder Judicial y lo ha hecho con movimientos plagados de mensajes políticos. Al ir a la Corte, ha puesto la bomba a punto de explotar en el Palacio Judicial. No invitó a los cortesanos a su despacho, en donde reside la máxima responsabilidad, con lo que se sacó buena parte de la culpa por la falta de respuestas acertadas, compartiendo la culpa con jueces y fiscales.
Como en todo, la resolución no tiene una sola arista. La inseguridad no sólo existe porque los jueces no actúan rápido, o porque los fiscales y la policía científica no investiga eficientemente. O porque el procurador Rodolfo González, un funcionario clave y que para muchos entorpece el avance de las reformas, siga quejándose de que no hay recursos para hacer funcionar el sistema eficientemente. Hay que preguntarse por qué las cárceles mendocinas han vuelto a estar al borde del colapso, mientras afuera la situación no parece revertirse.
Pérez contradice la visión de que su gobierno no se esté ocupando integralmente del problema. Sus voceros aducen que viene trabajando en las zonas rojas y en los sectores vulnerables. Ponen como ejemplo las acciones en el Campo Papa, algunos trabajos de intervención social en El Borbollón y en villas complicadas del Este mendocino. Y agregan que, de ahora en más, ese tipo de políticas de contención se profundizarán. Pero como todo, es insuficiente. Comenzar a modificar, en serio, la matriz productiva de la provincia quizás haga vislumbrar otros horizontes. Llegar con la fuerza del Estado a zonas olvidadas implica largos años de espera para rescatar a muchos que hoy no conocen otro tipo de futuro que no sea salir a buscar el desarrollo personal a lo que dé lugar, por fuera del sistema y sin un mínimo de valor por la vida propia y ajena.
Además de sumergirse en devaneos, algunos muchas veces abstractos y otros engorrosos que implican sesudos estudios de cambios de leyes, como el propuesto por el procurador para meterle mano a la ley de la reforma del 98, la 6722, evita asumir que lo viable sea estar más cerca, pero en serio, y comenzar a construir una provincia en la que la norma sea la realización y el desarrollo personal con oportunidades a mano, que otra a todas luces anómala en donde la impunidad para los delitos graves invite a los facinerosos a imponer sus reglas, jugando con el miedo del resto.
Este lunes Pérez se impuso probar con la Policía Judicial y con la transformación de los hoy casi inútiles juzgados correccionales por contar con más de garantías y de flagrancia y por la creación de tres oficinas fiscales más en Godoy Cruz, Capital y Guaymallén. Eso sólo no resuelve nada. Quizás dé tiempo, aire, pero no garantiza la extirpación del mal.
El camino es largo. Porque además se debe lidiar con un trabajoso cambio cultural con intereses mezquinos enquistado en parte del Poder Judicial y con la falta de decisión política de poner todo, absolutamente todo, detrás del objetivo. Un objetivo que no sólo implica poner a la seguridad como fin, sino que tiene que ver con comenzar a alumbrar una Mendoza inserta en el mundo.
El gobierno no se salva con eventos ruidosos, de alto impacto mediático y alcance mundial como los show deportivos, musicales y meras campañas seductoras de índole turístico. Mendoza se venderá sola cuando sea un territorio en donde su gente sea feliz desarrollándose en un ámbito de oportunidades a pleno. Ese camino está plagado de ortigas, pero todo indica que la generación política que decida conquistarlo aún no aparece.