El gobierno entró en shock por la muerte de Prado y en la interna oficialista se desató el sálvese quien pueda

13 de septiembre de 2013 - 08:00

Pérez convocó a la oposición empujado por la conmoción, el dolor y la bronca. Busca frenar la crisis y ganar tiempo, sin que se conozca la agenda que propondrá para el debate. El desesperado intento por reflotar la Política de Estado del 98. El impacto del crimen del médico y el humor social sobre la campaña. Quién presiona al gobernador por romper con su vice. Cómo se prepara el desembarco de Massa en Mendoza y de la mano de quién. El peor momento de un gobierno que no cumple la mitad de la gestión.

Conmovido, el gobernador Francisco Pérez resolvió empujado por un impulso espasmódico, de apuro, aferrarse a un llamado político amplio, de resultado incierto, como respuesta al reclamo social viralizado una vez más, por un sistema de seguridad que permita vivir con cierta tranquilidad y no a la espera angustiante de ser asaltado a la vuelta de la esquina o muerto a balazos por un delincuente.

Lo que tanto temía Pérez, le llegó, justo en medio de un cronograma electoral muy adverso y cuesta arriba para el oficialismo. Todos los gobernadores tuvieron lo suyo y el actual no ha podido zafar del sino trágico, de ese tipo de hechos que en la jerga política llaman los saca ministros. Lo que es una prueba más del fracaso constante que han tenido las administraciones y la clase dirigente en general por alumbrar un ramillete de acciones claras y efectivas para dominar el flagelo.

El asesinato del médico Sebastián Prado reinstaló ese clima maldito que desestabiliza y pone en guardia a la ciudadanía, cuando la plaga deja de ser una sensación con la que se ha acostumbrado a vivir, para pasar, en un minuto, a la posibilidad concreta de convertirse en un número más de la estadística tan temida.

Pérez sorprendió el miércoles cuando, a bocajarro, anunció que el lunes 16 se encontrará con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, primero, para después llamar a los partidos políticos y reeditar, si se quiere, ese ámbito de discusión plural que a fines de los 90 dio pie a una reforma integral al sistema de seguridad provincial con el fin de controlar una escalada del delito inusitada, pero especialmente, para comenzar a desarmar un tejido tenebroso que había dominado a la fuerza de seguridad de la provincia durante los años negros de la dictadura. En 1998 se habían cumplido quince años de la recuperación del sistema democrático, y ese accionar aún seguía vigente.

En Mendoza, la policía encubría crímenes y a nivel nacional se la conocía, todavía en 1998, como una policía brava. En 1997, en El Nihuil, San Rafael, moría asesinado por integrantes de la fuerza el joven Sebastián Bordón que había llegado al Sur mendocino como parte de un contingente de pibes que hacían su viaje de fin de curso.

Se sabe que aquella reforma se fue diluyendo en cuanto a resultados positivos en la lucha contra el delito común. Pero sí produjo profundos cambios hacia el interior de la Policía. Por ejemplo, las mafias internas enquistadas desde la dictadura fueron combatidas y se creó, y aún se mantiene, la Inspección General de Seguridad, un organismo que se inspiró en el departamento de asuntos internos de la policía norteamericana. Con luces y sombras, la Inspección ha venido caminando con los representantes de los tres partidos más importantes. La Bicameral de Seguridad es también un ámbito producto de aquellas reformas. Aunque ese espacio legislativo ha tenido poco brillo, en verdad. Pero ahí está y su funcionamiento depende de quienes lo integran y de la decisión política y firme de hacerlo útil. Es lo poco, o mucho según las distintas interpretaciones, que ha quedado de aquella modificación al sistema de seguridad.

Desde Roberto Iglesias, quien asumiría la gobernación en diciembre de 1999, a esta parte, todos los gobiernos han ido deshilachando la Política de Estado. En gran medida se ha ido sucumbiendo a las críticas de los sectores conservadores que siempre se opusieron al control civil de los uniformados bajo el pretexto de que se daría una imagen de debilidad frente al avance de la delincuencia.

De la reforma sólo quedarían los enunciados y aquellas estructuras mencionadas que persisten. La policía, sin embargo, se fue depurando naturalmente por el ingreso de nuevos integrantes, que llegaron a la institución en su gran mayoría sin esa carga ideológica que los hizo tristemente célebre durante la dictadura. Pero como contrapartida, toda una generación de chicos desarrollados en democracia y formados en ella, no han sido lo suficientemente capacitados para la resolución de las nuevas formas en las que ha ido mutando el delito. Lo han dicho todos los especialistas y estudiosos que pululan por Mendoza.

Ahora Pérez, acosado y sin mucho convencimiento, va por el rescate del ámbito de análisis y discusión de hace tres lustros. Pero no hay demasiado optimismo sobre el resultado. Ni sus más cercanos estaban informados el miércoles cuando les dijo a los periodistas que convocaría a la oposición. De la reunión con los ministros de la Corte, el lunes, saldría el temario para discutir en la mesa política que sin estar conformada todavía, recibió el respaldo fuerte de los radicales, con Alfredo Cornejo al frente y un compromiso de no llevar el asunto a la campaña electoral como consigna de seducción. Quieran o no, la sociedad está esperando que no sólo hablen del tema, sino que se ocupen. Sin vueltas y sin verso.

El día que Pérez anunció que convocaría a los partidos políticos para abordar el problema desde otro ámbito, Arturo Lafalla, el ex gobernador que llevó adelante aquella reforma de seguridad en 1998, había realizado declaraciones sobre la urgencia del momento. Al leerlas, Pérez reaccionó indignado, desautorizando al Arturo: ¿Desde qué lugar habla ahora, éste?, fue uno de los comentarios que se le escucharon. Pero en la calle se calmó y decidió abrir el juego.

Pero lo que viene, a la luz de la experiencia reciente sobre intentos de volver a la Política de Estado en sentido amplio, es desalentador. Iglesias concentró su estrategia por la seguridad en un solo hombre, Leopoldo Orquín y lo mantuvo por cuatro años haciendo foco en un plan quinquenal de incorporación de efectivos y detrás de una suerte de descentralización intentando darle aire a las comisarías y al sistema de rondines por cuadrículas. Los resultados fueron dispares.

Julio Cobos cambió cinco veces su ministro de Seguridad. Roberto Grillo salió eyectado tras el resonante crimen de la maestra Claudia Oroná. Cobos atendía los consejos de un grupo de notables, como Roberto Follari, Roberto Chediak y Luis Triviño. Luego de Grillo, aterrizó Cornejo por pocos meses hasta que dejó todo por la campaña electoral. Tras Cornejo llegó el Cóndor Osvaldo Tello hasta que otra muerte conmovedera, la de Susana Rubino, lo hizo expulsar de la cartera. Lo remplazó el sanrafaelino Miguel Bondino hasta el asesinato de Laura Abonassar. La salida de Bondino implicó la segunda etapa de Cornejo en Seguridad hasta el fin del mandato de Cobos. Cornejo logró la intendencia de Godoy Cruz y Cobos llegó a la vicepresidencia de la Nación de la mano de Cristina Fernández y el kirchnerismo.

Más cercano en el tiempo se recuerdan los ensayos de Celso Jaque en seguridad con los demócratas y el paso del actual vicegobernador Carlos Ciurca por el área más sensible que tiene el gobierno. El actual ministro, Carlos Aranda, es una extensión de la impronta que dejó Ciurca por allí. Aranda le responde al vice. La muerte violenta de Prado hizo mirar, a todos, hacia el sillón del ministro. Aranda está confirmado. En el gobierno de Pérez descartan de plano una salida del ministro. Pero nadie puede garantizar nada, a la luz de los graves problemas internos que subsisten en el peronismo que gobierna la provincia en donde sobresale la cada vez más tirante relación entre el gobernador y el poderoso vice.

A Pérez no le bastará con mostrarse con la Corte, con los jefes de la oposición o recorriendo oficinas fiscales en horarios raros. Sabe bien que el golpe de timón debe notarse y con resultados. Por eso hay expectativas por lo que pueda anunciar. En situaciones como la actual siempre ha salido a la luz la postergada reforma judicial hacia todo el territorio, extendiendo los procedimientos que se aplican hoy en dos circunscripciones judiciales (Gran Mendoza y el Este), hacia el Valle de Uco y el Sur, territorios en donde el juez de instrucción es quien coordina todas las tareas investigativas del delito. En las otras, la instrucción es dirigida por las oficinas fiscales. Y la necesidad concreta de avanzar o desestimar, de una buena vez, la implementación de la Policía Judicial. Esto último implicaría movimientos traumáticos y políticos, por sobretodo. Por caso, cómo ensamblar a investigadores que responden a un escalafón policial con otro personal encuadrado en el Judicial. La resistencia más común pasa por el régimen jubilatorio. En la Policía la jubilación opera a los 30 años de servicio, mientras que en el Judicial se debe trabajar hasta los 65 años.

Pero el gran tapón para el avance de la Policía Judicial ha sido el procurador Rodolfo González, el jefe de los fiscales. El nuevo sistema implicaría crear el Ministerio Público lo que le haría perder al veterano funcionario poder por sobre los fiscales. Hay otra razón que hace dudar en el avance de la aplicación de esta nueva vía: los problemas de Córdoba, provincia pionera en la Policía Judicial, en donde hoy se debate la posibilidad de una vuelta al viejo sistema por los magros resultados que se tienen.

El clima político ha sido dominado por la crisis de seguridad, un problema más sumado a los que tiene el oficialismo por recomponerse de cara a octubre. La Corriente de Ciurca, Miranda y Abraham, debió abortar el acuerdo con el peronista disidente Daniel Cassia por las presiones de Omar Félix quien se opuso más que nada para dar una señal hacia La Rosada buscando reposicionarse en un escuálido kirchnerismo. Fue una jugada a contramano de lo que ocurre en realidad en el territorio nacional, en donde todo parece indicar que se vislumbra un trasvasamiento de dirigentes hacia las filas de Sergio Massa. Cuando muchos comienzan a huir del kirchnerismo, Félix se acerca a Cristina buscando sacar provecho personal en una muestra más de la confusión que domina al oficialismo, en donde serán varias las campañas que se diagramarán de cara a octubre.

Aquí en Mendoza el Frente Renovador del intendente de Tigre recalará en breve, de la mano de Enrique Thomas, el diputado del peronismo disidente que termina su mandato en diciembre. Massa alentará este tipo de movimientos apuntalado por lo que lo que construye en Buenos Aires, con lo que ocurre en Córdoba con De la Sota, en Chubut con Das Neves y en Santa Cruz con Peralta.

Pérez con su entorno deberá optar entre sellar un acuerdo con Ciurca o alejarse del vice, yendo en la misma dirección en la que parecen van los Félix, de la Línea Integración. Poco le puede dar la Nación si da ese paso. Pero si no lo da, corre el riesgo de que se le responda con el ostracismo. Un brete complicado. Abraham se refugiará en Guaymallén con su propia estrategia, Félix, como está dicho, hará lo suyo junto a su hermano en el Sur; Pérez y el gobierno apelando a lo poco que le da la gestión y llevando encima los efectos de la crisis por el asesinato de Prado; y los intendentes, cada uno por su cuenta, parapetados en sus territorios. Un sálvese quien pueda a lo que dé lugar.

El gobierno entró en shock por la muerte de Prado y en la interna oficialista se desató el "sálvese quien pueda"

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