En la mira: Tunuyán es el único departamento donde se permite habilitar prostíbulos

Cuando en la última noche de agosto, jueces, policías, personal del Ministerio de Seguridad de Mendoza e inspectores municipales recorrieron prostíbulos con el fin de dar con infractores y marcar un antes y un después en el funcionamiento de estos locales, sólo dejaron al descubierto que la comercialización femenina para servicios sexuales encuentra en ese departamento un oasis lucrativo de tintes escandalosos y mafiosos.

Sorprendentemente, no quedan detenidos porque los ampara una cubierta jurídica inexplicable en estos tiempos. Una ordenanza municipal habilita el funcionamiento de estos locales y si las chicas tienen su libreta sanitaria al día, se presume la voluntad de su accionar, se descarta sin mayor pesquisa la explotación y hasta se hace la vista gorda desde las instituciones estatales para no alterar este tipo de comercio.

La investigación de SITIO ANDINO pone al descubierto que ni los concejales quieren cambiar la ordenanza, ni la Justicia avanza en el combate a esta situación reñida con la moral, las buenas costumbres y, por sobre todo, la ley.

Fue el juez correccional Fernando Ugarte quien nos reveló que dos de los locales comerciales estaban "habilitados".

Sitio Andino El juez Fernando Ugarte.

Claro, hay una ordenanza que permite la apertura de whiskerías y casas de cita, y los inspectores municipales no pueden cerrarlas si cumplen con todos los papeles y las condiciones edilicias, tal como lo explicó el jefe de esta sección de la comuna local, Horacio Bascuñán. "La ordenanza no es clara, dice que lo permite, pero no dice lo que es una whiskería. Ahí no se aclara. Se supone que es para tomar algo y bailar. Pero también habla de casas de citas".

Frente a esto, se entiende que sólo hayan cerrado un local de los tres que se allanaron y al que clausuraron, los funcionarios municipales y judiciales califican peyorativamente como "clandestino", otorgándole un manto de legitimidad a los dos restantes que tenían las habilitaciones municipales.

Se puede obviar, por ahora, la versión según la cual los propietarios de los dos locales "habilitados", supuestamente sabían que iban a darse los allanamientos y que de alguna manera les serviría a ellos para sacarse de encima la competencia "desleal" de aquel que funcionaba sin el visto bueno de la municipalidad.

Lo importante no es eso, sino lo que nos cuenta Gabriela Granero, quien creó y fundó Débroas de Hoy, una organización no gubernamental que apunta a terminar con la violencia de género, con un profundo acento en el ataque a los casos y circunstancias que puedan sospecharse o señalarse como típica trata de personas.

"El tema no es que lo tengan o no los tengan a los permisos y las habilitaciones municipales, el tema es que no están permitidos estos locales. El tema es que la ley lo prohíbe. O sea, ¿por qué nosotros estamos ajenos a la ley nacional de la trata si es un delito? Si es un delito, los lugares tienen que estar cerrados", dijo indignada.

"Hay provincias y hay departamentos donde están cerrados este tipo de locales. Es lo que hicieron en Valle de Uco, tanto Tupungato como San Carlos, donde están cerrados todos. Entonces, ¿nosotros por qué no? Nos contradecimos con el criterio, con estas cuestiones de género, con esta lucha. No estamos hablando de que un comercio está habilitado porque vende bebidas, estamos hablando de que estos lugares proporcionan el ofrecimiento, la captura, el traslado, la acogida de personas que son explotadas sexualmente", acusó Granero.

Las leyes nacionales deberían estar por arriba de la ordenanza municipal, pero los hechos son distintos al ordenamiento jurídico en este departamento valletano. Aquí, los concejales parecen no desconocer esto, sino obviarlo sin descaro.

Es que pese a la voluntad correctiva de la edil Irma Sánchez, que presentó apoyada por otro concejal, paradójicamente ex boxeador, Felipe Aguilera, un proyecto de ordenanza que permita adecuar la normativa municipal y adecuarla a los requerimientos y exigencias de la Ley Nacional N° 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Ley 23.364, que pena la trata de personas.

Pero el concejal Federico Simón se sinceró y contó que por ahora esa modificación no se iba a dar porque el "el tema es más complejo", dijo con un halo de inexplicable misterio o falso razonamiento. Es que gran parte de los concejales tunuyaninos "creen que cuando se haga una ordenanza prohibiendo este tipo de locales, van a cerrar los actuales que están habilitados, y se van a abrir otros clandestinos en las fincas y en casas de familia", le han respondido a Sánchez.

Lo mismo le dijeron al jefe de los inspectores municipales: "No hay voluntad del Concejo Deliberante de cambiar la ordenanza, especialmente por parte de los radicales", señaló con su dedo acusador y político, Bascuñán.

La verdad es que ni radicales ni peronistas han modificado la ordenanza y muchos creen que puede ser por dos razones, por las conexiones con gente poderosa por parte de los que comercian con estos servicios y otra, por temor.

Esto último no es infundado cuando el año pasado cerraron locales similares en el Valle de Uco, uno de los que participó de los allanamientos, Gabriel Pereyra, titular de la Comisaría 15, se encontró una mañana con el automóvil quemado. Igualmente, incendiaron tres autos particulares de otros efectivos policiales.

Al mensaje que algunos vieron como mafioso, Irma Sánchez todavía quiere creerlo producto "de la causalidad", pero inmediatamente admite que igualmente en el ámbito de los ediles "entró un poco de temor porque se dio que cuando estaba todo el furor por la investigación de hechos locales".

Cuando hace meses actuó la Justicia Federal y ordenó los cuatro allanamientos simultáneos en whiskerías y cabarets de Tunuyán, los efectivos de la Policía Federal detuvieron a una mujer y dos hombres y a su vez liberaron a once mujeres que eran obligadas a prostituirse. Sin embargo, los allanamientos de hace diez días, en cambio, chocaron con la habilitación municipal en los locales de Las Vegas y Ángeles y Demonios, y con la libreta sanitaria al día de la mayoría de las mujeres que trabajaban allí.

Le consultamos al juez Ugarte si estas mujeres tenían en su poder sus documentos de identidad, y dijo que sí; pero señaló en cuanto a las modalidades que "por la forma del trato entre el propietario del lugar y la mujer, o se trabaja por día o se trabaja por servicio o se trabaja también por mes. Entonces, le pagan por adelantado a la chica por un mes y la forma de garantizarse que tiene el dueño del lugar es esa".

El tema de los DNI es polémico y sensible, porque según cuenta Granero, desde su fundación se remarca que una de las maneras de descubrir la trata es justamente por la retención de los documentos porque "es la forma de poder manejarlas y tenerlas prisioneras y esclavizadas, para que no puedan transitar en la vía pública, para que no formen ninguna relación ni siquiera con clientes y no puedan ubicarse ni siquiera en los lugares en los que están".

Es aquí donde Déboras de Hoy denuncia que a entender de esta institución estamos frente a una red de prostitución a gran escala. "Yo me pregunto: ¿cómo puede ser que estas mujeres vayan de provincia a provincia si no tienen documento?", dijo Granero.

Gabriela Granero.

En los locales allanados hace diez días en Tunuyán, habían chicas del Valle de Uco, pero también "de otras partes. Algunas vienen de Mendoza, de Godoy Cruz. Ellas mismas contratan un vehículo que viene de acá, las trae y las lleva de vuelta a su casa", contó el  doctor Ugarte.

Entonces, para los jueces intervinientes en las últimas medidas que contaron con el apoyo de la Policía de Mendoza y persona de Víctimas de Delitos del Ministerio de Seguridad, si al consultárseles "por separado y a cada una, dicen que son mayores de edad y que están por propia voluntad, si tienen la libreta sanitaria al día, si los locales están habilitados por la municipalidad, no hay mucho más por hacer", explicó el magistrado que formó parte del accionar policial y judicial junto al magistrado Oscar Balmes.

Es acá, entonces, donde Gabriela remarca su queja: "La Ley 23.364, de trata de personas, lo que intenta es justamente cerrar estos locales. Porque justamente a través de ellos es que se comercializa, se genera y se explota a estas mujeres comercialmente. Muchos lugares que tenemos conocimiento se ha cerrado, entonces, lo que nosotros no entendemos es por qué nosotros los seguimos teniendo abiertos. Si sabemos que de alguna u otra manera, estos lugares generan y reproducen este tipo de flagelos. Si sabemos que eso sucede, ¿por qué con la ordenanza municipal o por qué las leyes departamentales, los seguimos permitiendo?".

Eso sucede, básicamente, porque los concejales no tienen el coraje en Tunuyán de cerrarlos. Y porque no actúan como corresponde los funcionarios encargados de hacer cumplir la actual normativa, que exige que "no pueden funcionar cerca de casas, ni escuelas, ni pueden estar sobre la ruta, pero se les da un plazo para que funcione, creo que hasta un año para que se cambien de lugar", como revela Bascuñán, sin poder explicar que en la gestión ya lleva 20 meses y los locales Las Vegas y Ángeles y Demonios siguen estando a la vera de la ruta, a la salida de Tunuyán, antes de entrar al puente que cruza a San Carlos.

Será que, en definitiva, Granero tiene razón: "La trata es el tercer trabajo más lucrativo del mundo, después de las drogas y del tráfico de armas. Sabemos que hay mucha gente involucrada, sabemos que no es algo tan fácil. Sabemos que hasta que no cambie mucha gente que es la que hoy respalda y aun son parte de estas cosas, no salgan de los gobiernos, no salgan de los juzgados, van a seguir pasando. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una de las redes más lucrativas en el mundo. Entonces, no es fácil".

Esta semana, los concejales de Tunuyán ¿seguirán mirando para otro lado y evitarán tratar los proyectos que pueden cambiar esta situación?