La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detectó tras un relevamiento por 300 ciudades de nuestro país, que como consecuencia de la piratería se pierden, por mes, 1.400 millones de pesos.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detectó tras un relevamiento por 300 ciudades de nuestro país, que como consecuencia de la piratería se pierden, por mes, 1.400 millones de pesos.
En ese sentido, las autoridades el organismo indicaron que cada uno de esos productos comprados, equivale a un impuesto que no llega para salud, educación y seguridad pública.
Esta situación se reflejó este jueves en una jornada realizada en la Federación Económica de Mendoza donde se analizó la venta ilegal, la piratería y el fraude marcario en Argentina y Mendoza.
Fabián Castillo, Subsecretario de Relaciones Institucionales Nacional e Internacional del CAME, explicó que un producto trucho que se vende, es un impuesto que no llega para pagar educación, salud y seguridad público.
Es lo que piden los ciudadanos, igualdad de condiciones ante la ley y la sociedad, sostuvo Castillo. El funcionario, además, admitió un avance en la venta ilegal dentro de nuestro país.
En base a esto, CAME hizo un relevamiento en más de 300 ciudades de la Argentina, donde se detectó que como consecuencia de esta actividad ilegal, se pierden, por mes, unos 1.400 millones de pesos.
Hay Saladas, Saladitas y manteros. Cualquier persona se puede instalar, pero tiene que estar en las mismas condiciones que un comercio que paga impuestos, reiteró Castillo.
Por su parte, el presidente de la FEM, Adolfo Trípodi, analizó: A veces nos entusiasmamos con un precio barato, pero no sabemos todo lo que hay detrás de ese precio.
También recordó que la base de un sistema tributario es la equidad, que es cuando hay justicia y cada uno paga lo que corresponde.
En las jornadas participó también el juez Federal Walter Bento y expusieron ante los presentes, Diego Farreras, de la Asociación Civil Antipiratería, Enrique Caride, Director de Integridad de Mercado, Jorge Violini de Nobleza Piccardo y Sergio Daniel Piris, Asesor Legal de Fibertel, entre otros.