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Aranda: "Hay que modificar la forma de actuar ante denuncias de secuestro"

Aunque el ministro de Seguridad y desde la DGE niegan un caso concreto de rapto de niños, admiten que sí sedetectaron situaciones intimidatorias. Tras las últimas denuncias se trabaja en establecer modelos de acción. Apuntan a la responsabilidad de los padres y descartan presencia policial en las escuelas.

“No hay casos concretos de secuestros de niños, pero sí tenemos muchas denuncias por situaciones intimidatorias”, así desde la Dirección General de Escuelas grafican la situación que se vive en la provincia respecto a una serie de casos que salieron a la luz en los últimos días. Señalan casos de presencias de personas y vehículos sospechosos en inmediaciones de las escuelas.

Los presuntos intentos de rapto han encendido las luces emergencia en las autoridades educativas y de seguridad, quienes ya trabajan en conjunto para establecer un plan de acción para actuar en situaciones así, indicando detalladamente qué debe hacer cada uno de los actores involucrados.

Por eso, avanza en ampliar la resolución 686 del año 2002 y convertirla en un protocolo con funciones claramente definidas.

Si bien el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, ratificó que no hay hasta el momento un caso de secuestro real,  insistió en la necesidad de cambiar el modo de abordaje si se produjera un hecho así. Esto implica las escuelas, los padres y la Policía -al momento de recibir la denuncia y emprender el operativo de búsqueda del niño-.

“La fuerza de seguridad tiene que modificar el sistema de actuación ante una situación así, optimizar los recursos para dar una respuesta adecuada inmediatamente reciba una denuncia de este tipo”, explicó a SITIO ANDINO Aranda.

En tanto, descartó el pedido que hicieron algunos padres y docentes de que haya un efectivo policial en cada escuela al horario de salida de los chicos.


Desde la cartera de Seguridad se apunta a involucrar a los padres en la prevención de este tipo de delitos. Por eso han “recomendado” a la Dirección General de Escuelas avanzar sobre la responsabilidad de los progenitores y denunciar a aquellos que no retiren a sus hijos de las escuelas al horario indicado, de manera sistemática. Ante una situación así, el padre/madre podría llegar perder la guarda tutelar del niño.

Desde la DGE, la subsecretaria de Planeamiento y  Evaluación de la Calidad Educativa, Livia Sandez, explicó que se contemplarían excepciones, pero se avanzaría sobre aquellos casos donde esta tardanza es habitual. “Es una obligación mínima que los padres tienen que cumplir.

Esta propuesta fue anlizadoa durante el encuentro que mantuvieron representantes de ambos ministerios esta semana, en la que además del minitro Aranda y la directora General de Escuelas, María Inés Abrile deVollmer, estuvieron el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Mnisterio de Seguridad, el jefe de la Policía, Ángel Fozzati y los jefes policiales distritales, las subsecretarias de Educación Mónica Soto y Livia Sandez (Planamiento) y supervisoras regionales.


En el encuentro se decidió avanzar sobre la Resolución 686 del año 2002, que establece algunas pautas de seguridad en las escuelas y convertirlo en un nuevo protocolo de acción, que contemple “los cambios a lo que la sociedad moderna está expuesta”, como mayor circulación de vehículos, familias disueltas, madres que trabajan, entre otros.

Este protocolo, que sería presentado la próxima semana a padres y docentes, establece las medidas de seguridad que debe cumplir cada establecimiento, como asi también qué es lo que deben hacer lo docentes, directivos, padres y policías ante una denuncia de tal magnitud.

El mismo girará sobre tres ejes: por un lado la protección de los alumnos, por el otro la protección de los docentes para evitar casos como el de la docente de la escuela Teniente Félix Origone, de Las Heras, que fue golpeada por la madre de un alumno de seis años, que supuestamete había estado secuestrado por unos minutos y que luego fue liberado, aunque hasta ahora esto no se pudo comprobar. Este segundo eje establecería modelos de intervención y cómo actuar con las familias.

El tercer eje es, quizás, el que mayor polémica puede generar. Si bien busca involucrar más a las familias en la comunidad educativa, la posibilidad de denunciar a padres puede no ser bien visto por muchos.

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