GENERAL ALVEAR

La Justicia cita al intendente de General Alvear por el veto de una ordenanza por obras de gas

Es por el estudio técnico y de factibilidad para la provisión de gas licuando de petróleo por red al distrito de San Pedro del Atuel. El Ejecutivo afirmó que los ediles votaron "irregularmente".

El intendente de General Alvear, Juan Carlos De Paolo, fue citado por la Justicia no sólo por vetar la ordenanza del Concejo Deliberante que "lo obligaba" a entregar un subsidio de $200.000 para obras de la red de gas en un distrito, sino también por el presunto delito por parte de algunos ediles que aprobaron dicha norma, pero sin contar con los dos tercios necesarios.

Todo surgé por el estudio técnico y de la factibilidad para la provisión de gas licuando de petróleo por red al distrito de San Pedro del Atuel, ya que este paraje no tiene este servicio esencial.

Desde el Ejecutivo local, a través de los asesores legales, señalaron que "la ordenanza es ilegal porque sólo cuenta con el voto afirmativo de seis concejales: cuatro de la UCR, uno demócrata y por el PJ disidente, el presidente del cuerpo, "Lucho" Gutiérrez. Los restantes cuatro concejales del PJ objetaron esta ordenanza y anticiparon, en esa sesión del 14 de mayo, que se estaba cometiendo una irregularidad. Igual, fue aprobada la Ordenanza 3918.

Pero, desde el Ejecutivo tienen mas argumentos que tienen que ver con los costos del servicio de gas licuado de petróleo al señalar que "sale 10 veces mas caro que el gas natural".

La Comuna propone extender la red de gas natural, pasando por la calle 7 al Sur, para engancharse a la nueva red con el Parque Industrial que prometen instalar en La Marzolina.

Por otro lado, De Paolo ordenó hacer la presentación en la Justicia local ante la posible comisión de un delito que tiene que ver con los costos operativos de ese estudio técnico. "Nosotros tenemos un presupuesto de 4.500 pesos para hacer ese trabajo de relevamiento, no de obra", manifestó el jefe comunal en contacto con Radio 1 Alvear, pero sin querer dar más detalles.

Hasta la cooperativa eléctrica (Cecsagal) se verá implicada en la denuncia por lo que sus autoridades también deberán prestar declaración en los estrados locales, ya que ese subsidio que el Concejo Deliberante le ordenaba entregar el Ejecutivo alvearense iba a ir a parar a la cooperativa eléctrica. Ésta, a su vez, aparentemente, tenía "todo arreglado" para reenvíarselo a la cooperativa Cooprogas, de Luján de Cuyo.

Entre los considerandos del veto del intendente a la ordenanza se puede leer que "el otorgamiento de un aporte o subsidio a un particular (Cecsagal) para que contrate con otro particular (Cooprogas) y con el propio Estado para la concreción de una obra pública, es ilegal y violatorio de la normativa vigente que rige las contrataciones del Estado, atento que la ley 3799 de Contabilidad de la Provincia establece en el artículo 28 de dicha ley 'como norma general todo contrato se hará por licitación pública cuando el mismo se deriven gastos y por remate o licitación pública cuando se deriven recursos".

Además, en la presente obra de prefactibilidad no se cumple ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 29 de la mencionada ley. Desde el Ejecutivo indican que todo esto "es al menos sospechoso y con el único fin de evitar y eludir la normativa legal vigente".

Aquí surge este problema ya que por un monto de 200.000 pesos, la Comuna debe llamar a licitación pública para concretar una obra. En este caso, un estudio de prefactibilidad técnica para entregar gas licuado a los vecinos de Carmensa. Pero la comuna gestionó ante Ecogás y la empresa respondió que "si el Estado lo pide, el estudio se hace de manera gratuita".

Aunque la factibilidad técnica dé positivo, la haga quien la haga, el permiso para entregar gas licuado lo da Ecogás. Esta empresa, dificilmente apruebe algo que irá en contra de sus propios intereses económicos y no le dejará el manejo económico del cobro de ese gas a Cecsgal, que es lo que han prometido algunos.

Planteadas así las cosas, la gente de Carmensa no tendrá el estudio técnico por esta vía pero ya se están haciendo gestiones con la Provincia para hacerlo de manera gratuita y desde el Estado.

Mientras tanto, ante la Justicia tendrán que desfilar por las oficinas del cuarto Juzgado de Instrucción, donde recalará la causa funcionarios municipales, concejales, miembros del directorio de Cecsagal y de Cooprogas, y otros actores, quienes deberán acceder a declarar ante el juez Murcia luego del trabajo previo que comenzará a realizar la Fiscalía.

En consecuencia, por los errores o las peleas políticas y la falta de planificación de la ampliación de la red de gas para Alvvear y el Sur mendocino, desde la planta de La Mora, los carmensinos deberán seguir "soñando" con el gas natural.

Te Puede Interesar