La reunión en el Senado de la Nación para analizar la situación de Vale tuvo otra mala noticia para Mendoza: la empresa brasilera confirmó que se va definitivamente de la provincia y que puso en venta los derechos de explotación de la mina de Potasio Río Colorado.
La firma brasilera reafirmó que no dará marcha atrás en su decisión de abandonar el proyecto y explicó que está buscando compradores para los derechos de explotación de la mina de sales de potasio más grande del mundo.
En el encuentro, que se desarrolló esta mañana en el Congreso de la Nación, participaron el Secretario de Minería, Jorge Mayoral, el Gobernador mendocino Francisco Pérez, representantes de la firma, de los proveedores y decenas de legisladores nacionales.
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Pese a su retirada, la empresa ha asumido el compromiso de hacer frente a las obligaciones de pago para con los proveedores locales. Las empresas mendocinas han sido las principales afectadas con la caída de Potasio Río Colorado, al igual que los trabajadores víctima de los despidos. Se estima que los compromisos de pago pendientes de Vale con firmas argentinas a los que hará frente la empresa brasilera ascienden a un monto total de 300 millones de pesos.
En la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, sin embargo, se han mostrado escépticos respecto de la posibilidad de que se concreten los pagos y advirtieron, a través de su titular, Carlos Ferrer, que recurrirán a la Justicia.
El abandono de parte de Vale del Proyecto Potasio Río Colorado implicó la caída de la mayor inversión de una firma extranjera en el país, en un proyecto que se había convertido en un emblema tanto del Ejecutivo Nacional como del Provincial.
Durante el encuentro, la senadora radical Laura Montero adelantó que en las próximas semanas podría concretarse una reunión entre las presidentas Cristina Fernández y Dilma Roussef para analizar el tema.
La reunión de las presidentas se realizaría el 26 de abril en Argentina, 10 días después de que se reúnan en Brasil legisladores nacionales de ambos países.
Por otra parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, advirtió que de no alcanzarse una solución en el conflicto, que afecta a 3.000 trabajadores, se podría extender la conciliación obligatoria por 30 días más.
"De no alcanzarse una solución, el Ministerio tiene expresas instrucciones de la Presidencia de la Nación para poner en marcha el procedimiento preventivo de crisis para que el plazo de cobertura de los trabajadores se extienda 30 días más", explicó el ministro Tomada y recordó que la conciliación obligatoria rige hasta el 22 de abril.