martes 9 ago 2022
Fallo judicial

La Corte avaló que el Gobierno fije las tarifas de los servicios públicos

La justicia dijo que el Estado tiene la potestad de fijar y modificar los montos tarifarios.

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Por Sección Nacionales 31 de agosto de 2011 - 08:50
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda de una subdistribuidora de gas de Santa Fe al afirmar que el Enargas tiene la potestad de fijación, modificación y control de los cuadros tarifarios, facultad que es excluyente y que tiende a que las tarifas sean justas y razonables.

La Cámara Federal de Rosario falló en contra de la Compañía General de Gas, que subdistribuía el fluido a la Municipalidad de Casilda, en su pretensión de aplicar un cuadro tarifario distinto del dispuesto por el Enargas, y esta sentencia fue confirmada por la Corte.

La compañía demandó a la Municipalidad de Casilda, al Estado nacional y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con el objeto de obtener la reparación de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido por el cobro de tarifas inferiores a las pretendidas.

En su fallo, la Cámara había destacado que la facultad de fijar, modificar y controlar las tarifas fue conferida por la ley al Enargas, y que la empresa se sometió voluntariamente a esta normativa que regula el sistema de distribución de gas, y consintió el régimen que comenzó a aplicarse a partir de la creación del Enargas mediante la ley 24.976. Este sometimiento a la ley se concretó especialmente cuando la empresa solicitó ser reconocida para actuar como subdistribuidora.

Sobre esta base, la Cámara rechazó la pretensión de la compañía de que la Municipalidad de Casilda la indemnice, debido al hecho de que no ha sido la Municipalidad quien dispuso la modificación de la tarifa, sino una autoridad diferente (el Enargas), a quien la ley le asignó exclusiva competencia.

La Corte indicó, en tal sentido, que ninguna expectativa fundada en derecho podía tener la actora acerca de la inalterabilidad del cuadro tarifario estipulado en el contrato en relación al suministro de gas, o en su caso, de la procedencia de una reparación por parte de la autoridad municipal.

Ello no es más que la consecuencia propia de todo sistema de prestación de servicios públicos por medio de concesionarios al que está sujeta la actora, en el que resultaría ilegítima la pretensión de mantener un régimen tarifario inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, sostuvo la Corte.

El Máximo Tribunal añadió que un esquema de esa rigidez implicaría la renuncia de la Administración a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas.

En el esquema normativo vigente, dijo la Corte, se concedió la potestad de fijación, modificación y control de los cuadros tarifarios a un organismo creado a tal fin.

Agregó que el derecho a la provisión de gas en condición de igualdad, seguridad y eficiencia que el ordenamiento garantiza exige tarifas justas y razonables y con tal propósito, se dotó de facultades excluyentes al Enargas.

En consecuencia, la Corte coincidió con la Cámara en que no corresponde responsabilizar al Estado Nacional por sus actos lícitos.

El fallo criticó el recurso contra la Municipalidad de Casilda, por no haberse justificado que la falta de mantenimiento de la ecuación económico financiera del contrato de concesión haya sido ilegal.
Manifestó que sólo era indemnizable para el concesionario una tarifa que se modificara a favor de los usuarios, aunque dañara esa ecuación, lo que no se habría producido.

Fuente: El Cronista

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